Torra culpa a Madrid para defenderse ante el creciente estallido social contra los recortes

AFP

Profesores, médicos, funcionarios y universitarios presionan a la Generalitat para que revierta los recortes de Artur Mas

CRISTIAN REINOBarcelona

Miles de personas se echaron de nuevo este jueves a la calle en Cataluña para reivindicar mayores inversiones en los servicios públicos. Médicos, profesores, universitarios y funcionarios confluyeron en una misma protesta y en una misma jornada de paros para presionar al Govern para que revierta los recortes de 2011.

Cada uno de los colectivos tiene su propia reivindicación, pero hay una demanda común: que los organismos públicos catalanes dispongan del mismo presupuesto que en 2010, el año previo al gran tijeretazo de Mas. Las cifras no engañan. Hace ocho años, la Generalitat destinaba a la sanidad 9.900 millones anuales. En 2017, esta cifra cayó a 8.800 millones. En la educación, lo mismo, en 2010 se destinaban 6.300 millones, mientras que el año pasado la inversión fue de 5.600 millones. Las consecuencias de estos recortes son que las listas de espera en el sistema catalán de salud son las más largas de España, los funcionarios autonómicos son los únicos que no han recuperado la paga extra que la administración les recortó y las tasas universitarias catalanas son las más caras de España.

Solo son unos ejemplos, pero este es el cuadro que Quim Torra se ha encontrado tras seis años de proceso secesionista e inactividad política en los demás terrenos. Desde el Gobierno catalán, en cualquier caso, siguen echando balones fuera y señalan que el culpable es «Madrid». Ya no se emplea el 'España nos roba', porque ha dejado de ser políticamente correcto, pero se insiste en la asfixia financiera, en el déficit fiscal y en la «infrafinanciación». Este es el concepto que utilizó este jueves el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dio la cara en nombre del Gobierno catalán ante el mutismo de Torra, al que la oposición acusa de estar desaparecido.

Las protestas tienen fundamento, aceptan los independentistas, pero la causa principal no es la gestión de la Generalitat sino el déficit fiscal que, a su juicio, el Estado ha provocado en Cataluña. Hablan de 16.000 millones al año. Con la república se acabarían los problemas financieros y sociales, es la tesis central. Este jueves abundaron en esta idea y en culpar a Madrid de los males de Cataluña. Aragonès afirmó que la infrafinanciación tiene consecuencias en los servicios públicos. «Nos obliga a no poder destinar los recursos que quisiéramos», dijo. El dirigente de Esquerra ha recibido el encargo de Torra de liderar las negociaciones con los sectores sociales afectados.

Aragonès, además, como consejero de Economía también inició este jueves con Catalunya en Comú las negociaciones para tratar de aprobar los Presupuestos de Cataluña. Unas conversaciones marcadas por unas movilizaciones que, según el propio vicepresidente, quedarían desactivadas con la aprobación de las cuentas de la Generalitat.

EFE

El resultado de la primera reunión sobre los Presupuestos acabó, aun así, sin acuerdo y tuvo dos interpretaciones muy distintas. La Generalitat habló de encuentro muy satisfactorio, mientras que los comunes valoraron el encuentro como «muy decepcionante». «Estamos muy lejos», afirmó la formación en la que está integrado Podemos. El Gobierno catalán es optimista y dijo que hay acuerdo con los comunes en nueve de las diez propuestas planteadas.

Pero la Generalitat tiene un problema. Si quiere que los comunes (su única opción real ya que la CUP se niega) aprueben sus Presupuestos, tendrá que aumentar el gasto social y subir el IRPF a las rentas altas, lo que abrirá una crisis entre Esquerra y el PDeCAT porque los neoconvergentes, conservadores al fin y al cabo, rechazan elevar la presión fiscal. La debilidad del Ejecutivo de Torra, al que la calle pidió que dimita y la oposición que compareca en el Parlament, es máxima.

Desconvocan la huelga

El vicepresidente aseguró que trabaja para dar una respuesta a los colectivos sociales y prometió «incorporar» las demandas en las cuentas. «Somos conscientes del esfuerzo que han hecho» los funcionarios, destacó.

Lo hizo horas después de una mañana caliente, donde coincidieron las protestas de varios colectivos, como los médicos de la atención primaria, los de los centros concertados, profesores universitarios y alumnos, profesores de la enseñanza pública y funcionarios. A diferencia del miércoles, en que se vivieron momentos de tensión, cuando un grupo de bomberos intentó entrar al Parlamento, este jueves no hubo incidentes ante la Cámara catalana y unas 8.000 personas se manifestaron por el centro de Barcelona.

Los médicos de los ambulatorios y de la concertada salieron a la calle por cuarto día consecutivo. Fue el último día de huelga, ya que tras largas jornadas de negociaciones la administración catalana y los galenos llegaron a un acuerdo para desconovocar el paro. Este viernes, por tanto, ya no habrá protesta de los médicos de la atención primaria.

En el caso de los universitarios, reclaman una rebaja del 30% en las tasas. Los docentes universitarios piden por su parte mejoras laborales y salariales. Mientras, los profesores de la primaria y la secundaria exigen aumentar las plantillas, reducir las horas de cada profesor y rebajar el ratio de alumnos por aula.

La caja de solidaridad secesionista recauda nueve millones

La caja de solidaridad, que la ANC y Ómnium Cultural pusieron en marcha para ayudar a que los condenados por el 'procés' puedan hacer frente a sus multas por las condenas y fianzas judiciales, ha recaudado en apenas un año y medio cerca de nueve millones de euros. Estos fondo han permitido, por ejemplo, a Artur Mas pagar la condena de 5,2 millones que le impuso el Tribunal de Cuentas por el referéndum del 9-N. A partir de ahora, la caja será gestionada por una asociación, desvinculada de las organizaciones secesionistas, y que coordinarán Ernest Benach y Nuria de Gispert.

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