Torra renuncia a nombrar consejeros presos y huidos tras el 'no' de Rajoy

Torra firma, ayer, los nuevos nombramientos./
Torra firma, ayer, los nuevos nombramientos.

El presidente de la Generalitat desbloquea la formación de gobierno y anuncia una querella por prevaricación contra el jefe del Ejecutivo

CRISTIAN REINOBarcelona

La política catalana dio ayer un paso hacia la normalidad. Después de que el Gobierno se negara a publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra, por incluir a cuatro miembros que están en prisión o huidos en el extranjero, el presidente de la Generalitat pisó el freno, rectificó y designó un nuevo ejecutivo, en el que ya no están Josep Rull, Jordi Turull, Luís Puig y Toni Comín, y en el que nadie tiene causas judiciales pendientes.

La lógica de la restitución del anterior gobierno, que fue casi el único punto programático con el que concurrió Junts per Catalunya (JxCat) a las pasadas elecciones, sobre todo para reelegir a Carles Puigdemont, saltó ayer por los aires y se dio de bruces con la realidad. Torra asume un ejecutivo efectivo como le pedían desde ERC y el PDeCAT y de paso corrige el déficit de falta de paridad entre hombres y mujeres, que recibió fuertes críticas en su propuesta inicial. Se trata de la tercera rectificación de calado del independentismo tras la declaración de la república del 27 de octubre pasado.

La primera fue la aceptación de las elecciones convocadas por Rajoy, la segunda la renuncia a investir a Puigdemont y la tercera es la aceptación de las condiciones impuestas por la Moncloa para que el ejecutivo autonómico pudiera empezar a dar sus primeros pasos, cinco meses después de los comicios y siete después de la destitución del gobierno de Puigdemont. La decisión de Torra no fue bien recibida entre los sectores más radicales del independentismo, como la ANC, que acusó al presidente de la Generalitat de «agachar la cabeza» y «aceptar la injusticia del Estado». Está por ver cuáles son sus primeros pasos, toda vez que el presidente de la Generalitat ha insistido en su voluntad de reunirse con Mariano Rajoy.

De hecho, tras el 'no' categórico de la Moncloa, Torra desbloqueó la formación de gobierno, eso sí, anunciando que irá a la guerra jurídica contra el presidente del Gobierno. En su primera reunión, el nuevo ejecutivo autonómico interpondrá una querella por prevaricación contra el jefe del Ejecutivo, afirmaron ayer fuentes del Palau de Generalitat, que consideran que Rajoy estaba obligado a publicar el decreto original, el que incluía a Turull, Rull, Comín y Puig, ya que, a su juicio, se ajustaba a derecho de acuerdo a un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. El primer consejo ejecutivo también impugnará la aplicación del artículo 155 en su conjunto, al tiempo que presentará alegaciones contra el recurso por parte del Gobierno central de once leyes impugnadas durante los siete meses en que ha estado vigente este artículo, que decaerá en cuanto tomen posesión los nuevos consejeros.

La lista definitiva es la siguiente: Pere Aragonès (Economía y Hacienda y vicepresidente), Elsa Artadi (Presidencia y portavoz), Ernest Maragall (Exteriores), Miquel Buch (Interior), Josep Bargalló (Enseñanza), Alba Vergès (Salud), Damià Calvet (Territorio), Laura Borràs (Cultura), Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Trabajo), María Ángels Chacón (Empresa), Jordi Puigneró (Políticas Digitales) y Teresa Jordà (Agricultura).

Rajoy cierra la puerta

Torra dijo que Rull, Turull, Puig y Comín han avalado que las «instituciones catalanas se vuelvan a poner al servicio del pueblo de Cataluña». La decisión del presidente de la Generalitat llegó poco después de que el Gobierno cerrara la puerta a la publicación en el boletín de la comunidad del decreto que incluía a los cuatro consejeros presos y huidos.

En una carta remitida al secretario del Ejecutivo catalán, en respuesta a las que había enviado a la Moncloa, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, fundamentó la decisión del Gobierno en un informe encargado a los servicios jurídicos del Estado, que concluye que los nombramientos propuestos inicialmente por Torra no se ajustaban a la legalidad. «La propuesta que realiza en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz», según aseguró el secretario de Estado. El Gobierno afirmó que el nombramiento no sería viable jurídicamente y recordó el «control de legalidad» que sigue teniendo sobre los actos de la Generalitat por el 155.

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