13.000 burgaleses podrán desarrollar una carrera profesional en la administración regional

Los procuradores por Burgos han presentado la iniciativa/PCR
Los procuradores por Burgos han presentado la iniciativa / PCR

El Partido Popular impulsa una nueva ley que extiende los modelos de carrera profesional en Educación y Sanidad a todos los empleados públicos

Burgos Conecta/AGENCIAS
BURGOS CONECTA/AGENCIASBurgos

El Partido Popular ha presentado en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para el desarrollo de la carrera del personal de los empleados públicos la administración autonómica. Se trata de un cambio «revolucionario» que permitirá a todo el personal, sea funcionario, estatutario o laboral, desarrollar una carrera profesional. Se incluye, por primera vez, al personal docente y no docente de los centros educativos concertados, unas 1.000 personas en Burgos.

«La labor de los docentes es muy importante y por eso se ha considerado que no haya profesionales de primera y de segunda, dado que todos cobran de la Junta de Castilla y León, bien directamente o bien a través de los conciertos con los centros educativos privados«, ha explicado el viceportavoz del grupo popular en el parlamento autonómico y porcurador por Burgos, Ángel Ibáñez.

La nueva ley que impulsa el PP, y que podría estar aprobada en el primer trimestre de 2019, afectará a 13.143 burgaleses. De ellos, 4.000 son trabajadores de la educación pública, tanto docentes como no docentes; en la concertada se cuenta con un millar, mientras que la medida afectará a unos 5.000 trabajadores del ámbito sanitario. El resto, unos 2.500, corresponden a personal de los centros de atención a mayores, personas con discapacidad o menores, y de las delegaciones territoriales y el Ecyl.

La promoción profesional de todos ellos requerirá un mínimo de 5 años en la categoría inferior, pero también el cumplimiento de otra serie de requisitos en cuanto a calidad y productividad de su labor o formación. «La implantación no será un cheque en blanco», ha afirmado el viceportavoz, sino que se premiará trayectorias profesionales.

Ibáñez ha explicado que la medida pretende también compensar a los trabajadores de la función pública, que sufrieron recortes durante la crisis pero no bajaron su nivel de trabajo ni la calidad de sus servicios.

Se espera que la aprobación de la nueva ley se produzca antes del primer trimestre de 2019, con aportaciones del resto de grupos de las Cortes, y ha estimado que la aplicación comenzaría en 2020, con un coste de unos 75 millones de euros para la Junta de Castilla y León.

 

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