El 45,31% de los jueces y magistrados de la provincia secundan la huelga

Juzgados de Burgos./Patricia Carro
Juzgados de Burgos. / Patricia Carro

En Castilla y León el porcentaje es similar: el 45,54% no ha ido hoy a trabajar

EFEBurgos/Valladolid

Un total de 29 jueces y magistrados, de los 64 que trabajan en la provincia de Burgos (el 45,31%) han comunicado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que han secundado la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales.

El número de 64 abarca Jueces de Adscripción Territorial (JAT), jueces en expectativa de destino adscritos a los JAT y jueces en prácticas, según ha informado en nota de prensa el TSJCYL.

En cuanto a las actuaciones judiciales suspendidas, dichas fuentes no han podido ofrecer una cifra global, porque algunos juzgados han comunicado la suspensión de todas sus actuaciones sin concretar el número. Además de los jueces, los fiscales, en una cifra sin cuantificar, estaban llamados también hoy a realizar el paro por las asociaciones convocantes.

En un comunicado, las asociaciones que han organizado la huelga han citado el anuncio del próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo por acuerdo de algunos partidos y lo han ubicado en una situación «insostenible» en la carrera judicial y fiscal que ha llevado a las organizaciones del sector a convocar este paro.

En Castilla y León

En el ámbito autonómico, 143 jueces y magistrados (de 314), el 45,54%, han sido los que han anunciado que no iban a trabajar durante la jornada de hoy como medida de protesta.

Por provincias, cinco de dieciséis en Ávila; 21 de 54 en León; ocho de veintiuno en Palencia; 21 de 32 en Salamanca; ocho de dieciocho en Segovia; dos de trece en Soria; 38 de 77 en Valladolid; y once de 19 en Zamora.

En general, en España, las asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su satisfacción con el seguimiento de su segunda huelga este año, que han calculado que de nuevo en una cifra superior al cincuenta por ciento, y han instado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a atender las reivindicaciones que ella misma defendió como fiscal en mayo.

«Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos» y la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han manifestado en el escrito, leído ante las puertas de distintas sedes judiciales.

Solicitan además cargas de trabajo «saludables», retribuciones «dignas», derechos a permisos y licencias, la creación de plazas y el aumento del número de jueces y fiscales, además de «condiciones dignas» para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal.

«Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes», afirman en el texto, en el que sostienen que un CGPJ elegido por políticos va a generar «siempre deudas sobre la independencia de la justicia».

Esta situación conlleva en su opinión el riesgo «evidente» de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y «en última instancia en el propio Estado de Derecho».

El texto está suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

 

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