Juicio La Parte de Bureba

Absuelven a la exalcaldesa, al constructor y a los directores de las obras de La Parte de Bureba

Fachada del Palacio de Justicia de Burgos./BC
Fachada del Palacio de Justicia de Burgos. / BC

La Audiencia Provincial explica que Pérez Soto no se lucró con dinero público y que no se ha probado dolo falsario en los cuatro absueltos

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a la presidenta de la Junta Vecinal de La Parte de Bureba entre 2004 y 2011, Ana Belén Pérez Soto, a los directores de las obras de abastecimiento de aguas y del edificio de la Casa Consistorial de la localidad y al constructor de las mismas de todos los delitos y de las responsabilidades civiles que les acusaba el Ministerio Fiscal. Además, ha absuelto a la empresa mercantil Herroal como responsable civil subsidiaria.

La Fiscalía, a raíz de una denuncia del exalcalde José Ignacio Ruiz Ruiz, culpaba de falsedad en certificación, prevaricación y malversación de caudales públicos a la expresidenta, de prevaricación al director de la obra de abastecimiento de aguas, de prevaricación y falsedad en certificación al director de la obra de la Casa Consistorial y de falsedad en certificación y prevaricación al constructor. Además, solicitaba al empresario y a Pérez Soto el pago de unos 23.000 euros y de 19.000 euros, respectivamente, a la Junta Vecinal. En cambio, el tribunal ha decidido absolver a los inculpados.

En la sentencia, que se extiende a lo largo de 57 folios y es recurrible al Tribunal Supremo, se asegura que «no se han acreditado efectuados pagos indebidos y sin justificación alguna a la alcaldesa denunciada, ni que la misma se haya lucrado con dinero público». Además, a su juicio, «ha quedado plenamente probado» que las cantidades dirigidas a la Asociación Virgen de la Pasiega se destinaron a pagar los gastos de las fiestas de La Parte de Bureba.

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Respecto a las obras, la Audiencia ha dictado sentencia absolutoria para la expresidenta, los directores de obras y el constructor puesto que no se ha probado dolo falsario en la actuación de las cuatro personas. El tribunal ha explicado que «si bien pueden haberse detectado algunas irregularidades administrativa en aras a no perder la subvención concedida, en este caso se archivó la denuncia en vía administrativa».

Además, no consta en las pruebas de Fiscalía que los directores hayan procedido a la realización de una valoración incorrecta de las obras ni que el constructor indujera a la expresidenta a realizar resoluciones injustas. Por otro lado, tampoco puede presumirse la existencia en conveniencia y actuación para perjudicar al Ayuntamiento en beneficio de la empresa adjudicataria. «Para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal», explica el tribunal en el texto.

No acabaron las obras por impedimentos del denunciante

Además, la sentencia expone que ha «quedado acreditado de forma inequívoca» que la finalización de la captación y acometida del agua no se llevó a cabo porque el denunciante, José Ignacio Ruiz Ruiz (alcalde que ocupó el cargo después de Pérez Soto), «sin causa justificada y de forma incomprensible salvo el odio y deseos de venganza» hacia su precedesora en el cargo, «no permitió la entrada en la finca que cultivaba, impidiendo con ello que se pasara la canalización hasta el pozo excavado».

En relación con la Casa Consistorial, el tribunal ha constatado que no se ejecutó en su totalidad, pero este hecho se debió a tenía que pintarse la fachada del edificio antes de colocar los ornamentos en las ventanas. De hecho, la sentencia explica que Ruiz Ruiz no dejó terminar la obra al empresario adjudicatario.

La Audiencia Provincial ha indicado que el anterior regidor, «tras tomar posesión del cargo, en vez de poner una denuncia penal, debió haber buscado soluciones para concluir las obras y evitar que, por el transcurso del tiempo, haya devenido inútil el pozo y producido la depreciación de la fachada consistorial».

Por último, el tribunal ha explicado que el informe que elaboró, a petición de Fiscalía, un agente de la Guardia Civil resultó «parcial, incompleto y falto de rigor al omitir datos relevantes para la pervivencia de la acción penal». El texto explica que «si bien le inválida como prueba de cargo, no puede servir para que se deduzca testimonio de particulares contra el mismo por delito de falsedad», tal y como solicitó la defensa de uno de los acusados.