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La provincia de Burgos necesita cubrir, al menos, 250 nuevas plazas de agentes en los Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. En total, se precisan 105 en Policía Nacional y 140 en la Guardia Civil, sólo para cubrir las cifras que marcan sus respectivos catálogos de activos, según ha reclamado esta mañana la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña.
Peña ha explicado que, según datos del Ministerio, el Cuerpo Nacional de Policía tenía, a fecha de septiembre de este año, 68 agentes menos que en diciembre de 2011, 82 menos la Guardia Civil y hay 19 vigilantes de seguridad menos. Según esos datos, había 483, 956 y 65 efectivos de cada uno respectivamente.
Peña critica tanto la escasez de estas plantillas como sus condiciones laborales, en especial, las salariales, por lo que ha anunciado una ‘ofensiva’ del PSOE desde los municipios de la provincia y desde el Congreso, con una proposición que pedirá la progresiva equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otros cuerpos policiales, de tal forma que en 2020 se alcance la equiparación total.
Según ha explicado la diputada, un agente de la Policía Nacional “recién salido de la academia” cobra 1.450 euros al mes y un Guardia Civil 1.350 aproximadamente, frente a los 2.000 de media que dice, cobran los mossos de escuadra o los ertzainas en las mismas circunstancias. Y todo ello, dice, a pesar de los problemas característicos de esta provincia, con una importante dispersión que dificulta las medidas de vigilancia.
La proposición socialista se incluirá como reclamación vía enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, (PGE),de 2018, en la que el Grupo Parlamentario pedirá destinar 1.800 millones de euros en tres años para la equiparación de salarios de estos agentes, que crecerían una media de 400 euros al mes, la reposición de las plantillas y la solución a las carencias de medios que padecen.
En ese sentido, Peña ha recordado la situación de las casas cuartel de Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes y Valle de Mena, que ya fueron objeto de enmienda socialista en los PGE de 2017 y las escasez de recursos materiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y, en concreto, se ha referido al déficit de chalecos antibalas, en especial, para mujeres en la Guardia Civil y a la antigüedad de los equipos de protección de la Policía Nacional, que datan de 1992.
Las consecuencias de esta situación son visibles no solo en las reivindicaciones de las organizaciones sindicales de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil que ha recogido el PSOE. También en cifras como las 98 personas que se presentaron en esta provincia a las últimas oposiciones de la Guardia Civil, lo que la sitúa como la cuarta del país con menos participación. Este dato contrasta con los casi 700 salmantinos que se presentaron a las mismas oposiciones de una provincia similar en población a la burgalesa.
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