Burgos presentó un 8% más de quejas al Procurador del Común en 2017

El informe anual recoge 296 reclamaciones procedentes de Burgos, un 8% más que en el año anterior, situando a la provincia como la cuarta más «protestona» de Castilla y León. La mayor parte de las quejas, vinculadas a las administraciones local, provincial y regional, han estado relacionas con cuestiones de Fomento (81 del total). La administración pública se ha llevado también un buen puñado de protestas (70), aunque también ha habido lugar para quejas relativas con la sanidad, la cultura, la industria o el medio ambiente.

Así, el Procurador del Común ha examinado expedientes relativos a la realización de obras sin licencia, o que han incumplido la misma; a problemas de accesibilidad en espacios públicos y privados; la falta de transparencia en las administraciones públicas; la presencia de animales en vías públicas; las carencias del transporte periurbano; el giro de recibos inadecuado; o la falta de limpieza en cauces de ríos.

En todos los casos, el Procurador se dirigido a la administración afectada, en busca de información y, después, ofreciéndole una resolución. Sin embargo, las instituciones no son todo lo colaboradoras que deberían. Así, en la lista negra del órgano regional se encuentran los ayuntamientos de Aranda, Arlanzón, Canicosa de la Sierra, Fuentenebro, Mambrilla de Castejón, Merindad de Sotoscueva, Miranda de Ebro, Quintana del Pidio, Quintanar de la Sierra, Sotillo de la Ribera, Torrelara y Villarcayo. También las juntas vecinales de Cornejo, Pereda y Quincoces de Yuso.

El informe anual del Procurador del Común recoge algunas de las quejas que más «polémica» han suscitado en la provincia de Burgos. Por ejemplo, los recortes sanitarios en Villadiego, a causa de la reestructuración del sistema sanitario por parte de la Junta de Castilla y León. El Procurador reconoció, en su resolución, que «un solo facultativo no puede llevar a cabo de forma adecuada su labor», cuando esta requiere de desplazamientos entre pueblos.

Igualmente, le recordaba a la Consejería de Sanidad que no obviase la población flotante, ni la necesidad de cubrir ausencias, bajas y libranzas, a la hora de reorganizar el servicio. Su recomendación, que no se tuvo en cuenta, fue la de reconsiderar las decisiones tomadas. Además, en el ámbito sanitario, el Procurador también pidió a la Junta que vigilase las listas de espera en el Hospital Universitario de Burgos.

La contratación, a través de un programa de empleo regional, del alcalde pedáneo de Rublacedo de Arriba por parte del ayuntamiento titular, también llegó al Procurador del Común. Y este no vio incompatibilidad alguna, pues se trataba de una contratación puntual, temporal y vinculada a ayudas públicas.

La Asociación de Pueblos Olvidados también llevó su queja contra la Diputación, en la que aseguraba que se discriminaba a las entidades locales menores en las subvenciones del Ciclo del Agua. Tras consultar con Diputación, el Procurador solo pidió que se mantuviesen las ayudas para las pedanías, tanto para servicios de su competencia como ajenos, a fin de garantizarlos.

La práctica de Las Derrotas en Santa Gadea del Cid también obligó a una intervención del Procurador, que recomendó al ayuntamiento la elaboración de una ordenanza municipal que regularse esta tradición. El objetivo, impedir que los animales que pastan libremente por el municipio invadan las carreteras, pudiendo causar un problema de seguridad.

Y, en el mismo sentido, en Quintanar de la Sierra también se recomendó una ordenanza específica para regular el aprovechamiento de los pastos en La Dehesa, pues se mantienen normas antiguas, contrarias incluso a la legislación vigente.

Fueron varias las quejas en relación a la peligrosidad de la BU-923 entre La Vid y Peñaranda de Duero, a causa del deterioro del a calzada. La petición del Procurador a la Consejería de Fomento fue la inclusión de las obras en los planes inminentes de reparación de carreteras, así como el cambio de señalización oportuno.