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Tres meses después del sorprendente accidente, sorprendente por el resultado pues pese al tremendo impacto se saldó con dos víctimas de baja consideración, la Guardia Civil ha investigado a J.G.A., de 25 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, superando las tasas autorizadas. Y todo gracias al método Widmark, un estudio retrospectivo que ha demostrado que duplicaba la tasa de alcohol en el momento del siniestro.
Los hechos se remontan al pasado 16 de febrero, por la noche, cuando un turismo de alta gama colisionó contra un tractor que remolcaba aperos de labranza en la BU-904, entre Santa Inés y Quintanilla del Agua. Ambos vehículos quedaron destrozados, el conductro del tractor herido y traslado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el conductor del turismo, desaparecido. Ni emergencias ni los bomberos encontraron rastro de él en el lugar del siniestro.
Milagrosamente, el conductor había salido casi ileso del accidente y, a pie, había llegado a Quintanilla del Agua. Allí entró en uno de los bares y pidió una botella de agua. Después, sus amigos le llevaron al centro hospitalario donde, cuatro horas después, fue localizado por la Guardia Civil. Allí, se le realizó la oportuna prueba de alcoholemia mediante aire aspirado y, si bien dio negativo, se aproximaba al límite máximo permitido de 0,25 mg/l.
Con la sospecha de que en el momento del accidente, que se produjo como consecuencia de una maniobra de adelantamiento realizada por el turismo, el conductor del mismo podía circular con una tasa de alcohol superior a la autorizada, la Guardia Civil utilizó un métoto de estudio retrospectivo, basándose en la fórmula de Widmarck.
Se trata de determinar la concentración de alcohol en sangre teniendo en cuenta diferentes variables como la cantidad de alcohol ingerida, el género del sujeto o su peso y el tiempo transcurrido. Así, los especialistas estiman que el joven podría circular con una tasa de alcoholemia que oscilaría entre 0,62 y el 0,49 mg/l, superior al 0,25 mg/l permitido. Por ese motivo ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 euros de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
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