Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar
Esta organización pretende defender los intereses de los titulares de bienes y derechos afectados por la construcción y la defensa del medio ambiente y de los cultivos
Los propietarios de los terrenos que va a ocupar una instalación fotovoltaica y eólica en los términos municipales de Albillos, Arcos, Buniel, Cavia, Cayuela, Estépar, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos, Tardajos y Villalbilla de Burgos han recibido un escrito del Ministerio de Energía que anuncia el comienzo de las expropiaciones, «sin trámite de audiencia a los propietarios», según aseguran, algo preceptivo en este tipo de actuaciones.
Por ello, han constituido una asociación para la defensa de sus intereses con la denominación de Nodesbur. Busca «la defensa del medio ambiente y de los cultivos» del sector primario y de la extracción directa de recursos naturales. Desde esta asociación se defiende que «no se puede permitir la construcción» de una instalación híbrida fotovoltaica junto al parque eólico que se pretende construir, así como sus infraestructuras de evacuación.
En esta asociación están agrupadas personas titulares de bienes y derechos afectados por la construcción de la instalación híbrida fotovoltaica Desma Solar, con 32,075 megavatios de potencia instalada, y del parque eólico del mismo nombre, con una potencia instalada de 27,12 megavatios, así como sus infraestructuras de evacuación.
Acciones en marcha
Esta acción, que se ha puesto en marcha en el último mes, es la continuación de un recurso presentado por dos particulares contra el otorgamiento a Green Capital Development de la autorización, que interpusieron a primeros del mes de agosto.
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La licencia fue otorgada a la empresa Green Capital Development III tras una resolución del 6 de mayo de 2025 de la Dirección General de Política Energética y Minas, que le concedió la autorización administrativa previa y la autorización de construcción.
Evitar la expropiación forzosa
Quieren anular la resolución del 6 de mayo por la que se concede la autorización administrativa, con el fin de evitar la expropiación forzosa de las tierras agrícolas afectadas y realizar, en representación de los afectados, las actuaciones que consideren oportunas. Pretenden defender y garantizar los derechos e intereses legítimos de los titulares de bienes y derechos afectados por la instalación. Además, quieren informar, asesorar y asistir legal y técnicamente a sus miembros.
Pretenden promover el uso racional del territorio, el paisaje, el medio ambiente y el mantenimiento de la actividad agrícola y rural en condiciones dignas y sostenibles, así como fomentar la unión, coordinación y acción colectiva de los titulares. Si fuese preciso, impulsarían las iniciativas legales, políticas, sociales o comunicativas necesarias para evitar abusos en los procesos de implantación de este tipo de infraestructuras.
