Cs reclama a la Diputación que facilite a las juntas vecinales la tramitación de expedientes electrónicos

Lorenzo Rodríguez (drch) y José María González (izq), diputados de Ciudadanos./GIT
Lorenzo Rodríguez (drch) y José María González (izq), diputados de Ciudadanos. / GIT

La formación naranja denuncia que la renovación del contrato que presta la empresa Gestiona está paralizado desde «hace un año»

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El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Burgos, Lorenzo Rodríguez, ha solicitado hoy al presidente de la Institución Provincial que finalice el procedimiento para renovar el contrato que permite el uso de la plataforma de administración electrónica a los ayuntamientos de la provincia y que en el mismo se valore la posibilidad de incluir a aquellas juntas vecinales que lo soliciten.

Rodríguez ha realizado esta petición tras tener conocimiento de que la empresa que actualmente presta este servicio, Gestiona, ha realizado llamadas a diferentes entidades locales de la provincia de Burgos anunciando que deja de prestar sus servicios a las mismas y que si desean seguir disfrutando del servicio deberán de abonar una cantidad que oscila entre los 120 y los 170 euros mensuales por entidad. «Hoy en día es necesario cuando no imprescindible disponer de un sistema de administración electrónica, lo pide la Ley, los ciudadanos de a pie y el ritmo de vida actual», ha declarado Rodríguez, que ha dicho ver «un retroceso importante que no se firme el nuevo contrato que lleva un año paralizado en contratación y se deje a las juntas vecinales sin servicio».

Para el portavoz de la formación naranja «hay muchos gastos que son prescindibles y que carecen de sentido en la Diputación y otros que son necesarios e imprescindibles. La Diputación puede gastar menos dinero en fiestas y organización de eventos que nada tienen que ver con nuestros pueblos y nuestra cultura y ayudar a que nuestros pueblos tengan los servicios necesarios». Y es que Lorenzo Rodríguez ha dicho que no entiende «cómo es posible que nos estemos gastando dinero en llevar etapas de la Vuelta a España a Villadiego o en organizar recreaciones históricas que nada tienen que ver con las localidades donde se organizan mientras permitimos que nuestros pueblos se queden atrasados y obligamos a sus habitantes a abandonarlos», al tiempo que ha criticado «la celeridad con la que se aprueban los convenios y los contratos de patrocinio que ayudan a las poblaciones de más de 20.000 habitantes y la dejadez con que se tratan los asuntos de los pueblos».

Por su parte, Álvaro Castrillejo, alcalde pedáneo de Quintanilla de las Carretas y uno de los afectados por las llamadas recibidas desde la empresa, ha insistido en la necesidad de contar con una herramienta de que permita el uso e implantación de la administración electrónica porque, según ha declarado, «los habitantes de nuestros pueblos ya tienen suficiente con los problemas de conectividad y con la obligatoriedad de realizar cada día más trámites con la administración a través de internet para que ahora nos retiren el uso de la plataforma que nos permite ser más rápidos y operativos a la hora de gestionar». Castrillejo ha querido ser crítico también con el precio de los servicios exigido por la empresa para continuar con la prestación de servicios en las pedanías al entender que «con presupuestos que oscilan entre los 8.000 y los 20.000 euros, hacer frente al pago de 2.000 euros anuales por el uso de esta aplicación puede suponer echar directamente el cierre de nuestros pueblos. El PP se llena la boca hablando de despoblación y a la hora de la verdad sólo están ayudando a que nuestros pueblos echen el candado».

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