Intervenidos 213 juguetes por incumplir la normativa de consumo y seguridad

Juguetes intervenidos. /BC
Juguetes intervenidos. / BC

La Guardia Civil y funcionarios de Consumo de la Junta de Castilla y León abren expedientes a varios establecimientos de Burgos por comercializar juguetes con irregularidades en el etiquetado

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La Guardia Civil ha intervenido en establecimientos de la provincia de Burgos un total de 213 juguetes que se encontraban a la venta incumpliendo la normativa de consumo y de seguridad de los juguetes.

Esta intervención se realiza en el marco de las actuaciones desarrolladas para comprobar el cumplimiento de la normativa para la protección del consumidor y garantizar la seguridad en la venta de juguetes que habitualmente efectúan los componentes del Puesto Fiscal de la Guardia Civil de la Aduana de Villafría, en colaboración con Inspectores de Consumo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Fruto de estas inspecciones se han detectado irregularidades en 213 juguetes, por lo que se ha procedido a su aprehensión y se ha denunciado a los establecimientos que los vendían por infracciones al Real Decreto 1205/2011 sobre la seguridad de los juguetes.

Los juguetes carecían de etiquetado o no era correcto, no se identificaba el origen o el importador, carecían de marcado CE (conformidad europea), que debe ir colocado visible, legible o indeleble en el propio juguete, no constaba el precio del producto a la venta o presentaban defectos de seguridad.

En concreto, se han intervenido 66 maracas que carecían de etiquetado, 7 dinosaurios de goma de gran tamaño, 2 animales inflables de goma, 6 puzzles, 5 peluches de grandes dimensiones, 28 peluches de diferentes tamaños, 26 juegos de esposas policiales de juguete, 77 juegos de cubiertos de cocina infantiles, 29 trompetas, 5 trompetas con bomba de aire, así como 11 juguetes de aros para menores de 3 años con irregularidades en su etiquetado.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha retirado del mercado juguetes que podrían suponer un riesgo para los niños que los manipulan, al no cumplir con los requisitos exigidos en España para su venta. Los juguetes intervenidos se han puesto a disposición de la autoridad competente que decidirá sobre su destino.

 

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