Solicitan penas de dos y tres años de prisión para dos policías locales de Miranda por revelación de secretos

Palacio de Justicia de Burgos. /GIT
Palacio de Justicia de Burgos. / GIT

La Fiscalía les considera autores de sendos delitos de revelación de secretos motivados por las «rencillas» que mantenían con el entonces concejal de Seguridad Ciudadana de Miranda, Joaquín Muñoz

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

La Audiencia Provincial acogerá la semana que viene el juicio contra dos agentes de la Policía Local de Miranda acusados de sendos delitos de revelación de secretos. Unos delitos por los que la Fiscalía solicita penas de dos y tres años de prisión para cada uno de los agentes.

Los hechos se remontan a 2011 y vienen motivados, según el escrito de calificaciones de la Fiscalía, por las «rencillas» que tenían ambos agentes contra el entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda, Joaquín Muñoz, fallecido en julio de 2017.

Así, la Fiscalía considera probado que en noviembre de 2011, el primero de los agentes accedió a la base de datos de EUROCOP y «sin justificación alguna y con intención de perjudicar» a Muñoz y a un familiar directo, dio de alta a este último en la categoría de 'delincuente', generando así de manera automática una ficha específica.

Ya en mayo de 2012, el segundo de los agentes acudió a la Policía Nacional con el objeto de conocer posibles antecedentes penales de un familiar del concejal. Al considerar que se trataba de un «asunto de interés policial», los agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía le facilitaron información a respecto de un antecedente por agresión sexual que pesaba sobre uno de sus familiares.

Dicha información fue utilizada posteriormente por el acusado para intentar dañar la imagen del concejal, sobre todo a raíz de la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Concejalía en junio de 2012.

Según la Fiscalía, ambas actuaciones son constitutivas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y los dos agentes son autores de los mismos. De esta forma, para el primero de ellos se solicita una pena de dos años de prisión, así como una pena accesoria de suspensión del empleo o cargo público de policía durante el tiempo de la condena con privación de su ejercicio durante el tiempo indicado y una multa de 16 meses a razón de 10 euros por día, con 8 meses de privación de libertad en caso de impago.

Por su parte, el segundo de los agentes se enfrenta a una petición de pena de tres años de prisión, así como una pena accesoria de inhabilitación especial del empleo o cargo público de policía con privación definitiva de tal condición y de la facultad de obtenerla.