Peña denuncia la «maniobra de tergiversación» del PP en torno a la reforma educativa

Esther Peña, secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional. /EFE
Esther Peña, secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional. / EFE

La secretaria general del PSOE de Burgos aclara que el planteamiento socialista pretende reparar, con la apuesta por «un modelo equitativo y de futuro», el «daño causado por Rajoy»

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La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, denuncia que los procuradores del PP por Burgos «han realizado una nueva maniobra de tergiversación» para «no perder la oportunidad de cargar contra el Gobierno de Sánchez».

Así lo denuncia después de que hoy en rueda de prensa estos hayan criticado, entre otras cuestiones, los criterios recogidos en la normativa planteada por el Ejecutivo central sobre la educación de alumnado con necesidades especiales. Alerta el PP del cierre de los centros especiales si se produce la inclusión progresiva de estos alumnos y alumnas en centros ordinarios.

Pues bien, recuerda Peña lo que se establece en la ley educativa: El Gobierno en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento con el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

«Se trata ante todo de proteger a los niños y niñas. La ley recoge los derechos de la infancia y el Gobierno plantea avanzar en la inclusión educativa con los recursos necesarios, pero respetando la función de los centros de educación especial, que seguirán abiertos y que acogerán al alumnado cuyo grado de discapacidad haga recomendable su escolarización en ellos. Hay que tener sentido común, sensibilidad y primar el bienestar del menor», concreta.

Por otra parte, Peña también aclara que esta normativa no ataca la libertad de enseñanza. «Lo único que se persigue es que la educación pública no sea subsidiaria de la concertada. No queremos que se produzca lo que ha sucedido en Madrid, donde hay más centros concertados que públicos. Hay padres y madres a los que no les queda más remedio que escolarizar en centros concertados ante la inexistencia de plazas públicas», advierte.

En cuanto a la supuesta supresión del papel de los padres en la educación de sus hijos, precisamente lo que se pretende es fortalecer la participación de la comunidad educativa, y esto incluye a los padres y madres, que «de nuevo podrán ostentar su protagonismo en los consejos escolares, los órganos de participación a los que la LOMCE limitó a ser solo de carácter consultivo y que ahora sí serán determinantes».

«Con el Gobierno de Rajoy hemos desperdiciado siete años, con la imposición de un modelo unilateral y carente de cualquier tipo de consenso, un daño que ahora el PSOE quiere reparar apostando por un modelo equitativo y de futuro».