Juicio La Parte de Bureba

La expresidenta de la Junta Vecinal de La Parte de Bureba niega malversación en obras subvencionadas por Diputación

Los acusados, de espaldas, sentados frente a sus abogados./CC
Los acusados, de espaldas, sentados frente a sus abogados. / CC

Los acusados defienden que firmaron las actas de recepción para que la administración local menor no perdieran las subvenciones de la Diputación

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

El juicio contra la presidenta de la Junta Vecinal de La Parte de Bureba entre 2004 y 2011, Ana Belén Pérez Soto, los directores de las obras de abastecimiento de aguas y de la Casa Consistorial de la localidad y la empresa concesionaria de las mismas por presuntas irregularidades entre 2010 y 2011 ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial de Burgos con la declaración de los cuatro acusados. También ha comparecido el denunciante, el presidente de la entidad local menor entre 2011 y 2015, José Ignacio Ruiz Ruiz, y un agente de la Guardia Civil que participó en la elaboración de un atestado a petición de la Fiscalía. Estos dos últimos lo han hecho en calidad de testigos.

Los investigados han asegurado, ante las preguntas del Ministerio Fiscal y de los abogados que dirigen su defensa, que su modo de actuar fue el correcto. Han declarado que firmaron las correspondientes actas de recepción antes de que concluyeran las obras para no perder la subvención de la Diputación y que las aportaciones concedidas para las mismas se destinaron íntegramente a su cometido original, pero que no sirvieron para completar la intervención porque se llevaron a cabo actuaciones que no figuraban en las memorias.

Han explicado que el acta de recepción puede completarse sin acabar la obra y que sirve para justificar que el dinero de la institución provincial está invertido correctamente. Asimismo, han reconocido que las intervenciones no estaban finalizadas. En concreto, bajo su punto de vista, a la obra del abastecimiento de agua e impulsión al depósito solo le faltaba únicamente colocar la tubería que une al pozo con el almacén de agua y a la obra del Ayuntamiento pedáneo pintar la fachada, que se aplazó porque se iba a llevar a cabo una obra en el interior y se podía dañar la pared exterior.

En referencia a los pagos, el presidenta de la Junta Vecinal ha manifestado que se hacían a cuenta -«de poco en poco», ha indicado- al constructor y que las transferencias o cheques a la Asociación Deportiva Cultural Virgen de la Pasiega eran subvenciones para que esta entidad, sin ánimo de lucro y de la que era la secretaria, abonara las facturas de las actuaciones musicales de las fiestas. De hecho, ha indicado que el enriquecimiento patrimonial que figura en el informe se debe a cuestiones familiares, su salario y sus rentas. «No me he quedado con nada», ha añadido.

Por su parte, el administrador de la empresa ha asegurado que están declaradas todas las facturas y ha indicado que «aún se me debe dinero porque las obras no están acabadas». Además, ha subrayado que la intervenciones cuentan con mejoras que no recogió la Guardia Civil y quiso terminar tanto la canalización del pozo al depósito como la decoración de la fachada del Ayuntamiento de La Parte de Bureba, pero no encontró respuesta positiva en la Junta Vecinal.

«A la vista no se reflejaba el dinero»

Ruiz Ruiz ha manifestado ante el Tribunal que «alguna de las obras no estaba casi ni empezada» y que cuando ocupó el puesto de presidente de la Junta Vecinal vio que la administración pedánea había pagado por trabajos, que a su parecer, que no se habían hecho.

No obstante, ha reconocido que antes de requerir la intervención de la Fiscalía se lo comentó a «amigos, abogados y Guardia Civil» pero no llevó a cabo ningún estudio en profundidad. «No entiendo en materia de obras pero tampoco soy tonto. A la vista no se reflejaba el dinero», ha agregado el denunciante (en esta causa testigo), a la vez que ha indicado que vio «papeles» que indicaban que la obra estaba finalizada, si bien no ha recordado cuáles eran en concreto. En este punto, la defensa de Pérez Soto ha manifestado que «certificados de finales de obra» no eran porque no existen.

Asimismo, Ruiz Ruiz ha declarado era consciente de la gravedad que suponía denunciar estos hechos y que lo hizo tras hablar con los concejales, pero sin llegar a ratificarse en una reunión oficial de la Junta Vecinal. Durante su intervención ha manifestado que denunció porque «ese verano había dos grifos abiertos en el depósito y se estaba tirando el agua porque interesaba».

Por último, ha indicado que no puso impedimentos para que concluyeran las obras, una declaración que ha chocado con las afirmaciones de los acusados, que, en líneas generales, han expresado lo contrario. En el caso de la captación y traslado del agua al depósito, según los investigados, solo quedaba por hacer una zanja y poner una tubería que pasaba por unas tierras arrendadas por Ruiz Ruiz, algo a lo que se negó. Por su parte, el testigo ha declarado que no era parte, puesto que únicamente allí hacía trabajos (es agricultor) requeridos por otra persona.

Más información

La Fiscalía pide por un delito de falsedad en certificación nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Pérez Soto así como tres años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de siete años por delito de malversación de caudales públicos.

Respecto a los directores de obra, el Ministerio Fiscal pide para uno siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito de prevaricación y para otro penas de ocho años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevariación en concurso medial con un delito de falsedad en certificación cometido por funcionario público.

Para el constructor piden nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por falsedad en en certificación cometido por particular en concurso medial con un delito continuado de prevaricación.

 

Fotos

Vídeos