El jurado encuentra al exmarido culpable de haber matado a Benita Núñez

El veredicto se ha leído esta mañana/PCR
El veredicto se ha leído esta mañana / PCR

El jurado popular considera que la muerte de la arandina no fue casualidad y que José Tomás V.M. tuvo intención de matarla

Patricia Carro
PATRICIA CARROBurgos

Culpable. El jurado popular encargado de enjuiciar el asesinato de Benita Núñez, ocurrido el 17 de julio de 2016 en Aranda de Duero, encuentra a su exmarido, José Tomás V.M., culpable de haberla matado. «No resulta creíble la versión, muy endeble, relatada por el acusado», recoge el veredicto leído esta mañana, y considera probado que le asestó las dos graves puñaladas, una de ellas mortal de necesidad, «con la voluntad» de causar la muerte de la víctima.

Tras dos días de deliberación, el jurado popular he emitido su veredicto, en el que se recoge que José Tomás V.M. «sabía lo que estaba haciendo en todo momento» y la muerte de Benita Núñez «no fue una casualidad». El acusado ha alegado que actuó en legítima defensa y que la muerte de la víctima se produjo en el contexto de una pelea, iniciada por ella, que se enfrentó a él con un cuchillo, lo que motivó su defensa posterior.

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Sin embargo, el jurado «no considera creíble» que Benita le agrediera, más bien «fue el acusado el que inició el ataque y ella intentó defenderse». El veredicto reconoce que esa discusión a la que se refiere José Tomás V.M. pudo existir y pudo ser el detonante de los hechos ocurridos en la madrugada del 17 de julio. No obstante, el acusado fue el que cogió el cuchillo «en posición de ataque y no de defensa» y se dirigió a Benita, quien solo pudo defenderse, según el jurado popular.

Asimismo, y atendiendo a los diferentes informes forenses, se considera probado que el acusado, cuando la víctima pidió auxilio en reiteradas ocasiones, le tapó la boca con la mano. Le asestó dos puñaladas, una mortal de necesidad, «con fuerza» y con intención, «con la voluntad de matar» a Benita Núñez, así que su muerte no se produjo de forma «imprudente». Además, la víctima presentaba heridas defensivas en ambas manos.

En plenas facultades

Por su parte, las tres heridas reconocidas en el brazo de José Tomás V.M., y siguiendo el parecer de los forenses, no se consideran defensivas sino autolesiones. No se ha probado que la víctima le agrediera a él y las únicas heridas defensivas las presentaba Benita Núñez. A todo ello se suman las declaraciones del forense y de varios policías, que recogen que el acusado, la noche de autos, estaba tranquilo y sereno.

Tampoco tenía disminuídas sus capacidades congnoscitivas, por una mezcla de alcohol y medicamentos. El consumo de medicamentos no se ha podido probar (los tenía prescritos por un cuadro de ansiedad pero «a necesidad») y, por lo que respecta al consumo de alcohol, no se solicitaron por parte del acusado pruebas toxicológicas para valorar el grado de intoxicación.

Del mismo modo, y en base a las declaraciones de los hijos, el jurado popular rechaza que José Tomás V.M. estuviese coaccionado por la víctima, y considera que la relación de sumisión y obeciencia se establecía al contratio, del acusado sobre Benita Núñez. Por todo ello, el jurado popular considera a José Tomás V.M. culpable de haber matado a la que, por entonces, ya era su exmujer.

Igualmente, lo encuentra culpable de haber entrado en el domicilio de la víctima contra su voluntad o, al menos, sin su consentimiento. Existía una demanda de divorcio, por la cual se otorgaba el anterior domicilio familiar a la víctima, y según han relatado los hijos, Benita le pidió expresamente que no entrase en la vivienda sin su consentimiento, pues «le tenía miedo».

De 22 a 27 años de prisión

Con el veredicto del jurado en la mano, la Fiscalía y las acusaciones particulares y popular se han ratificado en sus posiciones, a la espera de la sentencia a emitir por el juez. La Fiscalía pide 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, con los agravantes de género y parentesco, así como otros dos años por un delito de allanamiento. También 30 años de residencia fuera de Aranda de Duero, y la imposición de las indemnizaciones por responsabilidad civil correspondientes a los dos hijos de la pareja y a la madre y las hermanas de la víctima.

Las acusaciones particulares y popular incrementan a 25 los años de prisión por el asesinato y a 35 los años de residencia fuera de la capital de La Ribera. Por su parte, la defensa insiste en un delito de homicido con agravante de parentesco, con 12,5 años de prisión, y solo reconoce en parte el delito de allanamiento, solicitando el mínimo de 6 meses de prisión. Acepta las peticiones de indemnización a los hijos, pero ajustadas a las cantidades formuladas por la Fiscalía, pues las particulares le parecen «exageradas», y rechaza las peticiones de la familia de la víctima.

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