La absoluta desprotección laboral de la violencia de género

La absoluta desprotección laboral de la violencia de género
R. C.

Cada año aumenta el número de mujeres que pide una baja por maltrato y sólo un 19% de las víctimas tiene un trabajo estable

DOMENICO CHIAPPE

Una mujer que vive bajo el yugo de la violencia machista, amenazada por su pareja, aún con medidas cautelares como una orden de alejamiento, debe, sin embargo, tomar una serie de precauciones que pueden costarle el puesto de trabajo o impedirle encontrar empleo. «En las entrevistas debo enseñar la sentencia, explicar mi caso; entonces la persona de recursos humanos llama al jefe de seguridad; todo el proceso se dificulta», explica una mujer de 22 años, cuyo padre tiene una prohibición judicial para acercarse a ella o a su madre. «Mi lugar de trabajo debe tener un nivel alto de protección de datos, con una salida rápida en caso de riesgo, y mis jefes deben entender que debo estar preparada para irme si recibo una llamada urgente de mi madre, o esconderme en una situación complicada». Con talento para la fotografía, el maquillaje o el modelaje, esta joven trabaja de «cara al público», en tiendas de diversa índole, y actualmente se encuentra en paro.

Hasta septiembre de 2018, unas 2.723 mujeres víctimas del maltrato han abandonado su puesto de trabajo, contando sólo «los contratos de interinidad que llevan a cabo las empresas para sustituir a una trabajadora víctima de violencia de género», explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Detrás de cada sustitución, obviamente, hay una mujer que se ha visto obligada a dejar su empleo porque ya no puede más, por las consecuencias físicas y psíquicas de haber sufrido maltrato por su pareja o, básicamente, porque su vida corre peligro». El aumento con respecto al año anterior, según datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), es del 8,5%: 232 mujeres más que temen por su integridad física hasta el punto de renunciar a sus carreras profesionales.

Aunque la prohibición a un agresor para evitar que se acerque a lugares puntuales que frecuenta la mujer víctima es una de las medidas cautelares más frecuentes, según datos el Consejo General del Poder Judicial, se suelen ceñir a los puntos de trabajo o de domicilio, pero no a las estaciones de trenes o metro muy concurridas. Además cerca de una décima parte de los agresores desacatan estas órdenes. Se dejan ver, impregnan de terror la cotidianidad de la mujer. Hasta el punto de que ella, una vez que hace la denuncia, tiene por recomendación entregar la fotografía del agresor al departamento de Seguridad de su empresa y los guardias deben llevarla consigo, confirma una fuente de una empresa de empleo.

Cuando la mujer busca empleo, la desprotección es aún mayor. El 65% de las víctimas está desempleada hoy, según el informe 'Un empleo contra la violencia', realizado por la Fundación Adecco, y la mayoría está en el paro desde hace más de un año. Sólo el 19% tiene trabajo formal y el resto trabaja «en negro». La precariedad añade «exclusión social y pobreza» al cuadro de la agresión machista. «Es la propia violencia de género la que aleja a las víctimas del mundo laboral, debido al bloqueo de acceso al empleo que ejerce el agresor, conduciéndolas a una espiral de aislamiento que deriva en mayores cotas de desempleo y en grandes dificultades para buscarlo», dice Begoña Bravo, consultora de la Fundación Adecco. durante la presentación de la investigación, basada en encuestas a 500 víctimas de violencia machista.

La falta de oportunidades de trabajo en las circunstancias especiales que una mujer maltratada tiene vivir, bajo la amenaza y el miedo, crea un círculo vicioso, en el que el desempleo y la dependencia económica perpetúan el maltrato: el 71% de las víctimas respondió que estos factores obstaculizan denunciar la violencia o escapar del agresor

 

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