Más de 100.000 discapacitados intelectuales tendrán derecho al voto

Más de 4.000 discapacitados intelectuales se examinaron el pasado sábado en las oposiciones para ordenanza./Efe
Más de 4.000 discapacitados intelectuales se examinaron el pasado sábado en las oposiciones para ordenanza. / Efe

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado un informe favorable en este sentido, que tendrá que continuar su trámite parlamentario

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Más de 100.000 personas con discapacidad intelectual recuperarán el derecho al voto, después que la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso haya aprobado un informe favorable en este sentido, que tendrá que continuar su trámite parlamentario.

Lo ha asegurado el vicepresidente de la organización Plena Inclusión, Juan Pérez Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, en la que ha celebrado el documento aprobado el pasado miércoles por el Congreso para reformar la ley electoral en este sentido.

«Es un nuevo paso para la recuperación del derecho al voto», ha afirmado Pérez Sánchez, quien ha asegurado que era una demanda «ampliamente» reclamada por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Según sus cifras, la medida afectaría a más de 100.000 personas y ha confiado en que puedan hacerlo en las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

En este sentido, el vicepresidente de Plena Inclusión ha reclamado que los programas electorales de los distintos partidos proclamen que estas personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Diafnóstico y reivindicaciones

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, ha presentado el diagnóstico y reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual como la necesidad de la accesibilidad cognitiva, porque sin ella no tienen «ejercicio efectivo de derechos» y no pueden vivir de forma independiente ni participar en la sociedad.

Pérez Sánchez ha mostrado su «preocupación máxima» por los obstáculos a los que se enfrenta el colectivo en materia de Justicia e Interior.

En este sentido ha indicado que alrededor del 6,5 % de la población reclusa tienen discapacidad intelectual (algo más de 4.200 personas) de la que entre el 60 y el 70 % llega a prisión sin habérsela detectado, una situación que ha calificado de «dramática».

También ha hecho hincapié en la necesidad de cambiar el sistema educativo para que sea inclusivo y deje de ser «segregador» y dirigiéndose a los senadores ha señalado: «Piensen bien qué tipo de futuros ciudadanos estamos educando».

En cuanto al empleo, ha lamentado que la tasa de paro sea la más alta de todo el colectivo de la discapacidad, por lo que ha opinado que en este campo también «queda mucho por hacer».

 

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