Seis centros públicos de la provincia cuentan con cámaras de videovigilancia, aunque solo graban exteriores

Cámara de videovigilancia/Almeida
Cámara de videovigilancia / Almeida

Se trata principalmente de institutos y colegios cuyos equipos directivos solicitaron la colocación de estos aparatos para evitar daños en los edificios, según explica la secretaria técnica administrativa de la Dirección Provincial de Burgos

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

Seis centros públicos de la provincia de Burgos, el colegio Fuentecillas y los institutos Cardenal López de Mendoza y Félix Rodríguez de la Fuente de la capital, el colegio San Salvador de Oña, el colegio Valle de Losa de Quincoces de Yuso y el instituto Doctor Sancho de Matienzo de Villasana de Mena, cuentan con cámaras de videovigilancia en el curso 2019/2020.

Según ha explicado esta mañana la secretaría técnica administrativa de la Dirección Provincial, Covadonga Tristán, las cámaras se colocaron principalmente a petición de los equipos equipos directivos de los colegios e institutos para evitar actos vandálicos, como pintadas, en los edificios, que en algunos casos son históricos.

«No tienen que ver nada que ver con la propuesta (de la Fiscalía del Estado) de grabar en el interior de las aulas. Graban los exteriores», ha declarado Tristán, quien ha recordado que la normativa obliga a colocar carteles en los que se indique que cualquier persona que pase por la zona puede ser grabada.

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En términos similares se ha expresado el jefe del área de Inspección Educativa, Daniel Gallo, que ha explicado que la instalación de cámaras se debe a «ciertas salvaguardas», si bien ha destacado que la Ley de Protección de Datos protege la grabación de imágenes de menores. «Estamos preocupados por la convivencia en los centros, pero también por la imagen de los alumnos», ha agregado.

Para que se colocaran cámaras en el interior de la aulas sería necesitario un cambio en la normativa vigente, de ahí que si se diera el paso, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saíz, espera que se implemente «con el consenso de todas las partes judiciales y administrativas y atendiendo sobretodo a los psicologos, personal docente y maestros». «Este tipo de medidas debe de pensarse mucho», ha concluido.