La jueza incorpora como delito perseguible las conversaciones telefónicas del caso Arandina

Los exjugadores de la Arandina Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo./Archivo
Los exjugadores de la Arandina Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo. / Archivo

Los futbolistas han declarado ante la jueza instructora para ratificar su inocencia

SUSANA GUTIÉRREZBurgos

La jueza que instruye las diligencias por la denuncia presentada por una menor de 15 años contra tres ex jugadores del a Arandina C.F por una presunta agresión sexual, ha añadido al auto de procesamiento, como delito perseguible, las conversaciones telefónicas que mantuvieron los deportistas con la menor durante los días anteriores a los hechos investigados y en las que se aludía a futuros encuentros sexuales. El artículo 183 del Código Penal establece que «el que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años».

De esta manera, la instructora a petición de la acusación particular, acepta su recurso de reforma al auto de procesamiento, y añade ese delito. El auto, emitido el 20 de septiembre, ya apuntaba «claros indicios de culpabilidad» en la presunta comisión, cada uno de ellos de un delito continuado de agresión sexual a una víctima menor de 16 años.

Los tres ex futbolistas de la Arandina, Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo han comparecido este lunes en el juzgado de Aranda ante la magistrada en una declaración indagatoria que da por cerrado el proceso de instrucción. Los jugadores solo han mostrado su desacuerdo con el auto de procesamiento, defendiendo su inocencia y se han negado a declarar o contestar preguntas de las partes. Los futbolistas mantienen «que no pasó nada», el día de los hechos denunciados, la noche del 24 de noviembre en el piso que compartían en la Calle San Francisco de la localidad burgalesa. Asimismo, se han declarado insolventes argumentando que no pueden hacer frente a la fianza solidaria de 52.000 euros solicitada por el juzgado por los daños morales y coste del tratamiento de la víctima.

A partir de ahora, se da por cerrado el periodo de instrucción y las partes tendrán que presentar sus escritos de calificación del delito ante la Audiencia Provincial de Burgos, para que, a partir de ahí se proceda al señalamiento del juicio oral.

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