Se incrementan un 18% las reclamaciones tramitadas por la OMIC y la Junta Arbitral

Sede de la OMIC en Burgos. /PCR
Sede de la OMIC en Burgos. / PCR

Durante el pasado año se recibireron 20.501 consultas y se tramitaron 2.333 reclamaciones en Burgos | El sector de las telecomunicaciones vuelve a copar casi la mitad de las reclamaciones

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y la Junta Arbitral de Consumo de Burgos recibieron en 2018 un total de 20.501 consultas y tramitaron 2.333 reclamaciones, lo que supone un incremento de casi el 18% respecto a los datos de reclamaciones del ejercicio anterior. Esa es una de las principales conclusiones que se pueden extraer de la memoria de actividad de la OMIC de Burgos, que durante el pasado año tuvo que afrontar una situación complicada.

Y es que, tal y como aseguran fuentes de la OMIC, la presidenta de la Junta Arbitral se encuentra en situación de baja prolongada y hasta ahora no se le ha conseguido encontrar relevo, lo que ha provocado un «retraso inusual» en la tramitación de expedientes. Así, «por primera vez en la historia», el plazo de tramitación ha superado los 3 ó 4 meses en dicha Junta Arbitral.

Esta circunstancia ha lastrado los resultados conjuntos, como demuestra el hecho de que solo se hayan conseguido resolver 1.175 reclamaciones (en el caso de la Junta Arbitral solo se han tramitado 670 de las 1.359 reclamaciones recibidas). De esta forma, el ejercicio se cerró con 1.168 recursos pendientes de resolución.

Eso sí, más allá de los resultados generales, la dinámica del servicio cambió poco. Así, el 70% de las reclamaciones tramitadas se resolvieron a favor del recurrente, generalmente ciudadanos particulares. La inmensa mayoría de dichas resoluciones, además, llegaron a través de un acuerdo amistoso entre las partes, y solo un 23% necesitó de un laudo arbitral. Unos laudos que, en su inmensa mayoría, se aprobaron por unanimidad en la Junta Arbitral.

La OMIC, en datos

Consultas recibidas:
20.501 (153 menos que en 2017).
Reclamaciones recibidas:
2.333 (355 más que en 2017).
Reclamaciones resueltas:
1.175.
Reclamaciones pendientes de resolución:
1.168.
Sectores:
El sector de las telecomunicaciones registró 1.118 reclamaciones (el 48% del total), mientras que el del comercio registró 455 reclamaciones (el 20%).
Tipo de resolución:
El 70% de los recursos resueltos se cerraron a favor del recurrente.
Acuerdos:
El 77% de los recursos tramitados se resolvieron mediante acuerdo entre las partes, mientras que el 23% restante se resovieron mediante laudo arbitral.
Empresas burgalesas adheridas al arbitraje:
3.254.
Plazos de resolución:
El 90% de los recursos tramitados por la OMIC se resuelven en menos de 90 días. En el caso de la Junta Arbitral, y debido a problemas puntuales, el plazo de tramitación se disparó en 2018 y el 69% de los recursos tardaron más de 120 días en resolverse.

Tampoco cambia significativamente el perfil del recurso. Y es que, una vez más, fueron los servicios de telecomunicaicones los que coparon la mayor parte de las quejas de consumidores. En total, a lo largo del pasado año, la OMIC tramitó 5.276 consultas y 1.118 reclamaciones vinculadas a este sector (un 48% del total), una cifra calificada de «escandalosa».

Entre los asuntos que más recursos generan aparecen la ineficiencia de los servicios de atención al cliente, la inseguridad jurídica en la contratación, las altas fraudulentas y los cambios de contrato sin consentimiento.

También el sector comercial fue fuente significativa de recursos de consumidores. En total, la OMIC tramitó durante el pasado ejercicio 3.826 consultas y 455 reclamaciones vinculadas a este sector y centradas, fundamentalmente, en las garantías y las devoluciones.

Por su parte, la electricidad y el gas aglutinaron 1.278 consultas y 127 reclamaciones, si bien, en este sector existen ciertas limitaciones al arbitraje de por parte de las oficionas territoriales de consumo. Algo similar pasa con la banca, que aglutinó 1.413 consultas y 24 reclamaciones, centradas en su mayoría en la aplicación de cláusulas suelo y otras cláusulas hipotecarias.

Sea como fuere, lo que está claro es que los burgaleses conocen la OMIC, aunque quizá no lo suficiente. De hecho, desde la oficina reclaman a través de la memoria nuevas campañas de sensibilización en torno a los derechos de los consumidores y animan a los ciudadanos a acudir a reclamar «ante cualquier vulneración de sus derechos», sobre todo si se trata de una vulneración «masiva» y reiterada.