Multa de hasta 20 millones para el agresor sexual que grabe a su víctima

Multa de hasta 20 millones para el agresor sexual que grabe a su víctima

La Agencia de Protección de Datos exhorta a actuar contra los vídeos que impiden una reparación total de la violencia de género

DOMÉNICO CHIAPPEMadrid

Ni una sola víctima de violencia de género ha acudido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que se active el mecanismo necesario para eliminar los contenidos vejatorios que pueden estar circulando de la agresión sufrida. «Ni una sola mujer ha pedido la tutela de derechos», confirma Mar España Martí, directora de la AEPD, durante un encuentro para hacer balance de 2018.

Para ser más «efectivos» en la lucha contra el delito de 'sexting' y ciberacoso, con especial énfasis cuando están relacionados con delitos contra la libertad sexual, la AEPD finiquita un mecanismo de denuncia que involucra a todas las instancias. «Hemos constituido un grupo con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Delegación del Gobierno para activar un protocolo de actuación, aplicable cuando la víctima es objeto de la divulgación de los abusos grabados. Tendremos tolerancia cero. Queremos que en el momento en que la víctima ponga la denuncia ante las autoridades, pueda pedir la tutela de derechos a la agencia. Le daremos prioridad».

En cifras

14.146 reclamaciones.
La AEPD recibió 14.146 reclamaciones de diversa índole en 2018, un 33% más que el año anterior, sobre todo relacionadas con la morosidad, la videovigilancia, los servicios de internet y la reclamación de deudas.
191 por derecho al olvido.
En cuanto al ejercicio de derechos, la AEPD atendió 1.784 peticiones, de las que 191 correspondían al derecho al olvido. En este apartado, Google monopoliza el 65% de las reclamaciones.
150.000 veces.
La herramienta 'Facilita' para que las empresas verifiquen su propio cumplimiento al nuevo reglamento se utilizó 150.000 veces.
1.564 consultas.
Uno de los temas que más preocupan es el del uso de imágenes de menores, con 1.564 consultas, en aulas, campamentos y otras actividades.

Si la petición de tutela de derechos ante la AEPD se realiza en la fase de la denuncia ante la policía o la Guardia Civil y en la fase de instrucción penal, el agresor puede enfrentar delitos adicionales. «A veces la Fiscalía no imputa el 'sexting' o se archiva ese delito adicional en la instrucción», refiere España. «Pero puede ser compatible con que esos agresores tengan responsabilidad administrativa. La novedad es este protocolo más eficaz -cuando se ponga en práctica-, y la modificación del régimen sancionador, que pasa de una multa de hasta 600.000 euros a los 20 millones».

La Manada y otros casos

El año pasado la AEPD actuó en algunos casos de divulgación de imágenes vejatorias grabadas durante las agresiones sexuales, como en el caso de la víctima de La Manada, en que actuó de oficio y logró que las web que lo difundían retiraran las grabaciones, las fotografías y la identidad de la víctima en 24 horas. Este caso está aún en investigación y «se abrió una actuación» contra los foros que divulgaron el vídeo.

«Tuvimos otro caso especialmente doloroso, de una menor de 14 años que además había sido drogada», recuerda España. «Para actuar necesitamos pruebas de que el agresor ha vulnerado la privacidad de la víctima y le damos prioridad a estos casos. Cuanto antes se actúe en la fase inicial se minimiza el impacto, antes de que se haga viral. Advierto a los posibles agresores que además pretendan seguir vejando a la víctima. Eso hace imposible la reparación. Esa mujer no puede volver a tener una vida normal, si se difunden los abusos, su identidad, dónde vive y estudia, porque estará recordando permanentemente y no se reparará emocional y psicológicamente ese daño».

La tutela de derecho es un servicio gratuito de la AEPD, que atiende tanto a víctimas de violencia de género como a menores que sufren ciberacoso. Sin embargo, como los «derechos son personalísimos» tiene que ser la propia víctima quien acuda a denunciar. «Por eso trabajamos con las autoridades, para que las víctimas sepan sus derechos», concluye España.

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