Las víctimas exigen a los políticos que los abusos a menores no prescriban

Concentración contra los abusos a menores. /Efe
Concentración contra los abusos a menores. / Efe

Reclaman que sean perseguibles hasta que el afectado tenga al menos 55 años, «para evitar que estos depredadores se vayan de rositas»

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Al menos diez hombres han denunciado en los últimos meses haber sufrido abusos sexuales continuados en el último cuarto del siglo XX a manos de Andreu Soler, un monje de la congregación del Monasterio barcelonés de Montserrat que, durante décadas, fue el responsable de sus grupos scout.

Sus denuncias no van a tener recorrido penal alguno, en primer lugar porque el religioso al que acusan falleció hace una década, pero sobre todo porque, aunque siguiese vivo, sus delitos, según la ley, habrían prescrito. El Código Penal señala que la prescripción de los delitos sexuales contra menores comienza a contarse desde que la víctima cumple 18 años, lo que significa que los casos de abusos -con prescripciones de unos 5 años- dejan de ser perseguibles ante la justicia cuando el afectado cumple unos 23 años y que las violaciones -con prescripción de 15 años- quedan impunes desde que la víctima supera los 33 años sin haberlas denunciado.

Cuando el más joven de estos diez menores catalanes superó su miedo y su vergüenza y se atrevió a acusar en público a Soler ya tenía 36 años. Hacía más de una década que ningún juez podía perseguir los abusos del fraile. Su historia, por desgracia, es la regla general. Los estudios más sólidos indican que el 20% de las víctimas de estos delitos no lo cuenta nunca, que menos de un tercio denuncia los hechos durante la minoría de edad, y que la gran mayoría tarda una media de dos décadas en dar el paso y señalar públicamente a su agresor.

Acabar con la impunidad del pederasta es el objetivo que llevó hoy a Miguel Ángel Hurtado, la primera víctima que se atrevió a denunciar los abusos de Soler, al Congreso de los Diputados, donde entregó 520.000 firmas que exigen a los políticos que reformen de inmediato el Código Penal para que los asaltos sexuales a menores no comiencen a prescribir hasta que el afectado cumpla los 50 años.

Con su demanda, impulsada por la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) que ha fundado junto a otras víctimas, y apoyada por organizaciones como Save The Children, los pederastas serían perseguidos hasta que la víctima tuviese 55 años en los abusos o 65 en las violaciones, lo que supondría en la práctica que estos delitos fuesen imprescriptibles, una medida que ya se aplica en países como Reino Unido, Canada, buena parte de Estado Unidos o Suiza. Se trata, remarcó Hurtado, de «evitar que estos depredadores sexuales se vayan de rositas».

Hurtado, que se manifestó ante la Puerta de los Leones junto a otro de los directivos de UNIR, Juan Cuatrecasas, padre de un joven que sufrió graves abusos a manos de un profesor del colegio Gaztelueta, un centro del Opus Dei en Vizcaya, tuvo duras palabras contra todos los partidos que, como explicó, ya le dieron buenas palabras sobre el mismo asunto en 2016 y no han hecho nada. De hecho, les reclama que «se mojen» de una vez y pongan por escrito en los programas para las próximas elecciones si van a cumplir la exigencia de medio millón de españoles.

La inminente disolución de Las Cortes que posiblemente anuncie este viernes Pedro Sánchez impedirá que el Parlamento tramite y apruebe el proyecto de ley de protección integral de la infancia, que entre otras medidas contemplaba elevar el comienzo de la prescripción de los delitos sexuales contra menores al momento en que las víctimas cumpliesen los 30 años, lo que supondría que fuesen perseguibles hasta que tuviesen entre 35 y 45 años, según la gravedad del hecho. No obstante, Hurtado, que indicó que a los políticos españoles les falta «valentía» para exigir a la Iglesia que dé a conocer todos los abusos a menores cometidos por sus miembros que ha ocultado, defendió que el proyecto del Gobierno es «insuficiente». En el caso de Monserrat habrían prescrito todos los delitos. El denunciante más joven lo contó con 36 años.