Las pymes de Burgos se gastan 140M€ anuales en gestiones administrativas
FAE y Cajaviva Caja Rural Burgos han elaborado un informe sobre las repercusiones de la burocracia y la sobrerregulación
Los autónomos destinan 1.600 euros anuales a gestión pero las empresas pueden gastar entre 8.000 y 100.000 euros
FAE denuncia “inseguridad jurídica” ante una legislación “inabarcable, inasumible y mutante” que nunca se cumple
Sobremonte y Benavente han presentado esta mañana el informe. BC
Las pequeñas y medianas empresas de Burgos destinan anualmente el equivalente a 140 millones de euros a la gestión de cargas administrativas, lo que puede llegar a suponer de manera individual hasta un tercio de su facturación en función del tamaño y número de empleados contratados. Son datos del informe sobre cargas administrativas en pymes de Burgos presentado esta mañana por FAE y Cajaviva Caja Rural, en el que se pone de manifiesto el inabarcable número de trámites a los que hacen frente, y el importante coste que generan.
El informe es una “mera aproximación” a los costes empresariales que genera la “hipertrofia administrativa”, el exceso de regulación, ha explicado el director de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte. Se trata del primero estudio de estas características que se realiza en Burgos, de ahí que los resultados en términos económicos se hayan calculado más bien a la baja, puesto que la consultora NB, encargada de su elaboración, ha reconocido las dificultades de contar con información, clara, completa y concreta.
Los empresarios son conscientes de la imposibilidad de cumplir todas las normas
Las pymes se enfrentan a un ordenamiento jurídico “inabarcable e inasumible”, en el que se mezclan normativas europeas, nacionales, regionales, provinciales y locales. Además “es mutante”, ya que cambia con gran rapidez, lo que genera una sensación de “indefensión” entre los empresarios, que son bien conscientes de la imposibilidad de cumplir con todas las normativas, ha recordado Sobremonte, puesto que también es imposible conocerlas en profundidad, sobre todo si no se dispone de personal exclusivamente dedicado a esta tarde.
Cifras
El estudio ha calculado las horas que las empresas dedican a la gestión de esa maraña legislativa y a trámites burocráticos y, de ahí, ha extraído su conversión en dinero. De este modo, se calcula que las cargas administrativas suponen a las pequeñas y medianas empresas de Burgos alrededor de 140 millones de euros anuales, tirando por lo bajo. Para un autónomo se estaría hablando de una media de 1.600 euros, mientras que si la pyme tiene entre 1 y 10 trabajadores la cifra ascendería a los 8.000 euros.
Y serían 40.000 en empresas con hasta 50 empleados, o 100.000 si hablamos de firmas con entre 50 y 200, ha explicado el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente. Unas cifras que se traducen en porcentajes de facturación, de tal modo que la gestión administrativa representa entre un 1 por ciento y un 1,30 por ciento en la facturación de pymes pequeñas. Sin embargo, Benavente ha destacado que en las empresas medianas estas cargas pueden alcanzar un tercio de la facturación anual.
Las medianas empresas pueden llegar a destinar un tercio de su facturación a gestión de cargas
Cierto es que los datos varían en función del sector económico o del tipo de empresa, pero el informe muestra el elevado coste que representan los trámites burocráticos, ha comentado José Ignacio Pascual, economista de NB. Además, el presidente de FAE denuncia la “inseguridad jurídica” en la que se encuentran las empresas, que temen estar incumpliendo una norma sin saberlo, y le hecho de que las administraciones cada vez carguen de más tareas al administrado, como está ocurriendo con las tramitaciones telemáticas.
A ello se suma que en España no se tiene en cuenta el tamaño de la empresa a la hora de regular. Por ese motivo, Miguel Ángel Benavente ha defendido el principio de proporcionalidad, pensar a pequeña escala, para diferenciar entre pequeñas empresas y grandes multinacionales. El informe concluye con la recomendación de ponerse en la piel del empresario, sobre todo si es emprendedor, y reducir o simplificar las cargas administrativas, haciéndolas más sencillas y fáciles, una máxima defendida por la Unión Europea.