La Junta recupera la primera vivienda rural de ‘Rehabitare’ en Villangómez
Fomento invierte 53.000 euros en un proyecto que pondrá la antigua vivienda del médico a disposición de un alquiler social
Rehabitará supondrá destinar 300.000 euros a rehabilitaciones de edificios municipales en varios municipios de Burgos
Antigua vivienda del médico afectada por Rehabitare. BC
El delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo, ha visitado esta mañana las obras de reforma de la antigua vivienda del médico en la localidad de Villangómez integrada en el programa ‘Rehabitare’ de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Los trabajos suponen una inversión de 53.227,37 euros, se iniciaron en septiembre y tienen prevista su finalización en enero. La vivienda se destinará a alquiler social.
La Junta de Castilla y León recuperará cinco viviendas con destino al alquiler social en la provincia de Burgos, gracias a los convenios que suscribió dentro del programa ‘Rehabitare’. Dichos convenios, con una inversión total que supera los 300.000 euros, afectan a las localidades de Canicosa de la Sierra, Peñaranda de Duero, Santo Domingo de Silos, Villadiego y, finalmente, Villangómez.
El objetivo del programa es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación resulta interesante para el desarrollo del medio rural. La localización de estos inmuebles, situados en los cascos urbanos, permite contar con todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes a la vez que se evita el deterioro del patrimonio municipal.
Proyecto conjunto
La Consejería, en virtud de los convenios suscritos, se compromete a abonar los honorarios de los proyectos y estudios de seguridad y salud, a contratar las obras asumiendo el pago de su coste total y también de la contratación del equipo técnico encargado de su dirección técnica. Por su parte, los ayuntamientos beneficiarios determinarán las familias que ocuparán las viviendas, teniendo preferencia los colectivos de especial protección.
En concreto, se priorizará familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 35 años, además de víctimas de violencia de género y terrorismo, unidades familiares en riesgo de exclusión social o deudores hipotecarios. Asimismo, determinarán el precio del alquilar con la condición de que este no exceda de una tercera parte de los ingresos de la unidad familiar.
