Enresa prevé que el desmantelamiento material de Garoña no arranque hasta 2022

La espera se está haciendo larga; y se prolongará todavía un tiempo. Concretamente hasta 2022. Hace casi siete años, el 16 de diciembre de 2012, Nuclenor decidió desconectar la central nuclear de Santa María de Garoña de la red eléctrica de manera unilateral La decisión vino motivada por la inminente entrada en vigor de una nueva fiscalidad que supondría un serio revés económico para una planta que apenas seis meses después iba a tener que cerrar por orden ministerial. Aquella decisión, que posteriormente derivó en una multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), supuso el principio del fin de la instalación del Valle de Tobalina.

Y es que, a pesar de que la llegada de Rajoy a La Moncloa reactivó la posibilidad de solicitar una nueva licencia, dicho permiso no llegó a fructificar y el 1 de agosto de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó el cierre definitivo de la planta, alegando motivos económicos y empresariales. No en vano, su reactivación supondría una enorme inversión económica y Endesa e Iberdrola, propietarias de la planta, no se ponían de acuerdo al respecto.

Y desde entonces, nada. O casi nada. De hecho, el proceso de desmantelamiento de la central aún no ha comenzado de manera efectiva. Y no lo hará, al menos, hasta 2022. Esa es al menos la previsión que maneja Enresa, empresa pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica dedicada específicamente al tratamiento, gestión y almacenamiento de todos los residuos radioactivos de España.

Suya será la responsabilidad de desmontar todos los equipos de la central, demoler las instalaciones y descontaminar el entorno, un proceso largo y delicado que no comenzará formalmente hasta dentro de unos años. De hecho, a día de hoy ni siquiera se ha presentado en sociedad el proyecto de desmantelamiento. Las previsiones apuntan a marzo de 2020 para cumplir ese trámite. Será entonces cuando Enresa dé los detalles de la operación y solicite formalmente la transferencia de la planta, que todavía es titularidad de Nuclenor.

A partir de ahí, se espera que tras el estudio y valoración del proyecto, la autorización para el desmantelamiento de la central llegue en diciembre de 2021, momento en el que también se formalizará la transferencia de la titularidad. Y ahí comenzará el desmantelamiento efectivo, que se prevé llevar a cabo en dos fases. La primera se prolongará, según los planes, hasta 2024, mientras que la segunda se extenderá, al menos, hasta 2031. Es decir, que los trabajos de desmontaje material de la central se llevarán a cabo durante una década.

Y mientras tanto, en Garoña siguen esperando. De hecho, desde Nuclenor subrayan que ya se han acometido todas las actuaciones previas exigidas por parte de Enresa. Así, en los últimos meses se ha preparado la documentación, el inventario físico y radiológico y se ha procedido a los descargos de sistemas y equipos no necesarios, a la caracterización radiológica del emplazamiento y la preparación del desamiantado de tuberías y equipos.

Asimismo, Nuclenor también ha llevado a cabo todas las actividades preparatorias para la descarga de los 2.505 elementos de combustible que todavía hoy descansan en la piscina de almacenamiento, una de las operaciones más delicadas. En este sentido, tiempo atrás ya se puso en marcha el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central y se ha acondicionado la planta de recarga para facilitar el manejo de los contenedores donde se guardarán los residuos operacionales.

«Los residuos de operación de la central ya están acondicionados mientras que el combustible gastado, actualmente en las piscinas, será acondicionado en los contenedores de almacenamiento», explican desde Enresa. En principio, los primeros cinco contenedores destinados a la carga de combustible gastado «ya están disponibles» y la propia operación de carga se llevará a cabo «en el año 2020». A partir de ahí, la empresa continúa tramitando la provisión del resto de contenedores, que se cargarán con el combustible gastado «entre 2023 y 2024».

A este respecto, desde Enresa puntualizan que «los residuos de baja y media actividad, resultantes de la actividad de la operación de la planta, serán almacenados en el Centro de Almacenamiento de Enresa en el Cabril mientras que el combustible gastado será guardado en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central a la espera de su traslado al Almacén Temporal Centralizado (ATC)». Un ATC cuya construcción, por cierto, continúa en el limbo a pesar de estar programado y presupuestado desde hace varios años en la localidad manchega de Villar de Cañas.

Ese es, precisamente, uno de los factores clave de todo el proceso de desmantelamiento. Y es que, sin un lugar donde depositar los residuos de manera permanente, el combustible gastado deberá permanecer en el ATI de Garoña. A pesar de que dicha instalación cuenta con todos los parabienes técnicos y cumple con todos los criterios de seguridad exigidos -que no son pocos-, a nadie se le escapa que esta alternativa no es la idónea. Ni para Garoña ni para el resto de centrales nucleares del país, que se ven obligadas a guardar en sus propias instalaciones los residuos a la espera de que se dé el paso definitivo y se construya un almacén centralizado a imagen y semejanza del que tienen otros países del entorno.

De momento, desde Nuclenor recuerdan que el ATI de Garoña está diseñado para albergar el combustible gastado durante una década. Así lo establece la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación, que indica que el tiempo de permanencia de los contenedores será «inferior a 10 años» siempre y cuando la disponibilidad del ATC sea la indicada en la planificación.