Las medidas 'antibortistas' de Vox, inefectivas pero estigmatizan y pueden coaccionar a las mujeres

La polémica suscitada por el anuncio de una serie de medidas enfocadas a reducir el número de abortos en Castilla y León, y que está enfrentando a PP y Vox hasta tal punto que ya ni se descarta la ruptura del pacto de gobierno, se enmarca más en una cuestión ideológica que en un cambio real y palpable del protocolo de atención a mujeres embarazadas.

Hasta el momento, el protocolo de Castilla y León no ha cambiado. Al menos, no se ha comunicado a los profesionales que atienden directamente a las mujeres en las consultas ginecológicas. Y eso que la propia Consejería de Sanidad afirmaba el viernes, a última hora, que las nuevas medidas anunciadas por Vox el jueves se empezarían a aplicar este mismo lunes.

Lo que ocurre es que realmente no habría cambio que aplicar, apunta Abel Renuncio, ginecólogo del Hospital Universitario de Burgos y vocal de la Sociedad Española de Contracepción, pues las medidas planteadas «no tienen utilidad» ni suponen ninguna novedad. Otra cuestión es el «ánimo» con el que se hayan planteado y la «motivación ideológica» que haya detrás.

Renuncio insiste en lo que se viene insistiendo en los últimos días. En cuanto al apoyo psicológico, es una herramienta que el sistema sanitario público ofrece a todas las mujeres embarazadas, sea cual sea su situación, lo mismo que al resto de la ciudadanía. Y si se detecta algún tipo de problema psicológico, se deriva a salud mental. «Ya se está haciendo, no aporta nada en la práctica», afirma.

La cuestión es lo que subyace bajo la propuesta, al vincular la decisión de interrumpir el embarazo con la salud mental. «Parte de una idea estigmatizante» y se «infantiliza» a la mujer, denuncia el ginecólogo. Parece que se asocia la decisión a la existencia de un problema mental o falta de habilitades psicológicas para sobrellevar un embarazo o discernir entre deseado y no deseado, indica.

«Si interrumpes el embarazo tal vez no tienen las suficientes herramientas psicológicas para manejar la situación; quizás se ha planteado con esa idea», admite el ginecólogo, quien considera que en general las medidas anunciadas parten del «desconocimiento». Se desconoce cómo trabajan los profesionales con las mujeres. De lo contrario, es «inexplicable» que se planteen algunas medidas.

Es el caso de las ecografías 4D, que «no tienen ninguna utilidad en el contexto en el que se han planteado». Es decir, en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se puede hacer una interrupción voluntaria. No es solo que no aporten nada, sino que las sociedades científicas no recomiendan hacer ese tipo de ecografías en ese momento de la gestación.

Y en cuanto a permitir escuchar los latidos del feto, Abel Renuncio explica que va vinculado a una ecografía precox, que ya se hace a todas las embarazadas entre las seis y las nueve semanas. Es imprescindible para saber de cuánto están con exactitud, descartar complicaciones (como un embarazo ectópico o un aborto expontáneo) y para que puedan tomar decisiones sobre su maternidad.

Estas ecografías son meramente diagnósticas, pero si la mujer quiere ver la imagen, se le muestra. Eso es así siempre. Lo que ocurre es que «la gran mayoría de las mujeres no quieren, porque llegan a la consulta con la decisión tomada». Abel Renuncio vuelve a alertar contra esa imagen de infantilización de la mujer, «faltsa e irreal», que de toma la decisión a la ligera o sin saber lo que hace.

Por todo ello, el responsable de Unidad de la Mujer en el HUBU, iniste en que «las medidas, si se han planteado con una finalidad de fomentar la natalidad, no van a ser para nada efectivas». Las mujeres llegan con una decisión tomada, pero lo que se está cuestionando con la propuesta de Vox es su capacidad para tomar decisiones. «Tienes que volver a pensarlo, que no lo has pensado bien».

Detrás de las propuestas puede haber también chantaje emocional, como ya han alertado algunas voces, e incluso un posible delito de coacciones, que encajaría en las últimas modificaciones del Código Penal. «Es un debate jurídico importante», insiste Abel Renuncio. «Hasta qué punto se intenta coaccionar la voluntad de la mujer mostrándole las imágenes o el latido con la finalidad de que cambie de decisión», es ahí dónde está ese debate.

Y en ello radica también la posibilidad, o no, de obligar a los sanitarios. Sin ser ningún experto, el ginecólogo cree que no hay posible obligación. «es bastante complicado que se puede obligar a un profesional a realizar una intervención con la que no se va a conseguir ningún beneficio sanitario y puede ser perjudicial para la paciente». Mucho menos si se trata de una medida que se pueda considerar coercitiva.

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