Piden dos años de cárcel para un gestor de Burgos por apropiarse de más de 30.000 euros de tres clientas

Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial/BC
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El sujeto ya fue condenado a seis meses de prisión, por el Juzgado de lo Penal, por un delito de falsedad documental

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La Fiscalía pide dos años de prisión para un gestor administrativo de Burgos, cuyas iniciales son J.A.A.P., por apropiarse de más de 30.000 euros de tres clientas en 2014. La Audiencia Provincial de Burgos juzgará el próximo 20 de noviembre al acusado por un presunto delito de apropiación indebida (tras suspenderse el juicio en dos ocasiones ya que en un principio se fijó el 15 de marzo y posteriormente el 17 de mayo pero no llegó a celebrarse), según se recoge en las calificaciones del citado procedimiento.

En ese sentido, el escrito de acusación indica que el gestor administrativo de una mercantil de la capital burgalesa recibió de tres hermanas, P.A.S., MA.A.S. y MC.A.S., la cantidad de 30.000 euros, en tres transferencias realizadas en julio de 2014 por importe de 10.000 euros cada una, en una cuenta corriente del acusado tenía abierta en una entidad financiera en concepto de provisión de fondos para tramitar y atender los gastos derivados de la herencia de su hermano, fallecido en abril de 2014. También una derrama adicional por importe total de 1.200 euros, para realizar la declaración de herederos 'ab intestato'. Sin embargo, indica que «el acusado hizo caso omiso de las obligaciones contraídas apoderándose de la totalidad del dinero ingresado sin destinarlo a hacer frente a los gastos generados», informa ICAL.

Ello motivó, añade, que las tres hermanas herederas tuvieran que abonar la cantidad de 465,11 euros a la Agencia Tributaria derivadas del recargo impuesto fruto del pago tardío del impuesto de sucesiones, así como la cantidad de 289,49 euros en concepto de gastos en el Registro de la Propiedad.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita imponer al acusado la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de gestor administrativo durante la condena y costas procesales.

Así, el Ministerio Público pide que el acusado indemnice a las tres hermanas la cantidad de 31.200 euros por la provisión de fondos y 465,11 euros por el recargo derivado del pago tardío a la Agencia Tributaria, debiendo ser declarada la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil del acusado y la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora.

Condenado por delito de falsedad documental

Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha condenado a esta misma persona, con iniciales J.A.A.P., como autor de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de seis meses de prisión, multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para la profesión de gestor administrativo durante el tiempo de la condena, así como las costas del juicio.

Así se desprende de la sentencia emitida por el citado juzgado el pasado 23 de marzo, tras la denuncia presentada por la acusación particular (M.T.D.H. y J.B.D.), dos clientes que contrataron sus servicios para llevar a cabo las gestiones necesarias para regularizar la herencia del esposo y padre, según consta en los hechos probados de la sentencia.

Además, para la ejecución de dicho encargo, el querellado solicitó a los querellantes una provisión de fondos por importe de 85.000 euros para el pago del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la plusvalía del Ayuntamiento de Burgos. Una cantidad que ingresaron en la cuenta indicada a nombre de la gestoría del condenado pero que, según cita la sentencia, «no destinó inicialmente al pago de los impuestos de la citada herencia».

El acusado presentó los modelos 660 y 650 en relación a M.T.D.H. pero no lo hizo respecto a J.B.D. Para poder seguir tramitando la herencia y efectuar el cambio de titularidad de cuentas bancarias, el condenado necesitaba acreditar el pago del impuesto por lo que «crea la apariencia de que lo ha hecho a través de la presentación a las entidades bancarias del documento manipulado».

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