Transparencia insta a la Junta a facilitar datos del personal que cobra gratificaciones

Tomás Quintana. /
Tomás Quintana.

El solicitante, presidente de la Junta de Personal, lamenta las trabas para saber si se abona esta partida correctamente

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, función que recae en el Procurador del Común, ha instado a los consejeros de la Junta a facilitar información sobre cómo reparten las gratificaciones extraordinarias más allá de datos genéricos de cuantías globales y número de solicitantes. Estas resoluciones forman parte del balance sobre reclamaciones tramitadas el año pasado y presentadas por ciudadanos, a título personal o como responsables de empresas, ­sindicatos, órganos de representación o asociaciones, a los que una administración les denegó de información pública. Los reclamantes apelan a la ley autonómica de Transparencia y Participación aprobada en 2015 y a la estatal de 2013, que avalan el derecho a acceder a información pública.

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2018, la Junta ha abonado tres millones de euros en gratificaciones a 1.296 empleados públicos, de los que 1.015 son personal del operativo contra incendios; 57, de atención a menores, y 66, efectivos de guardias epidemiológicas. Son datos generales extraídos del portal Gobierno Abierto. La ley establece que compensan trabajos fuera de la jornada laboral (noches, festivos, fines de semana) y que no pueden ser pagos periódicos.

El solicitante de la información más concreta sobre esta partida es el presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración autonómica, Eustorquio Brito-Montiano, que fija el interés en conocer quién recibe las gratificaciones, las cuantías que cobra cada beneficiario y en razón de qué criterios se asignan en constatar si esas compensaciones se abonan correctamente o hay «bufandas» que perciben regularmente determinados empleados de confianza cercanos a los responsables políticos. Los consejeros le negaron ese listado pormenorizado en aplicación de la legislación sobre protección de datos personales.

Al anterior comisionado de Transparencia, Javier Amoedo, que el 24 de octubre dio el relevo a su ­sucesor, Tomás Quintana, le correspondió dirimir ese conflicto entre el ­derecho de acceso a información pública y el interés de divulgación de esa información y el derecho de los afectados a que se protejan datos personales como son las retribuciones.

El comisionado estimó una parte de la reclamación de Brito-Montiano. En la resolución argumenta que el interés público de divulgación prevalece sobre el de privacidad en el caso de altos cargos, personal de confianza de estos y funcionarios que ocupen un puesto de libre designación «a partir de determinados niveles», citando los más altos (28 y 29). Insta a la Junta a dar audiencia a los «aludidos». Tras este trámite, apunta que puede ser facilitada la información en la que prevalezca el interés público sobre la protección de derechos de la persona afectada.

Las resoluciones del Comisionado de Transparencia son ejecutivas, de obligado cumplimiento, y a la administración disconforme solo le queda recurrir a los tribunales. El reclamante define la actuación de la Junta en todo este proceso como de «mala fe». La viceconsejera de Función Pública, Marta López, resalta que cumplen escrupulosamente lo que resuelve el comisionado y están actualmente en los trámites de audiencia a los afectados. «Algunos eran interinos y son difíciles de localizar», apunta, al tiempo que destaca que ningún cargo jerárquico percibe estas gratificaciones. «Solamente empleados de a pie y para compensar tareas fuera de jornada», subraya la viceconsejera.

Valoración del Procurador

El actual Procurador del Común y Comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, destaca el carácter vinculante de estas resoluciones a diferencia de las que culminan la investigación de las quejas ante el defensor autonómico. Quintana, que destaca su intención de acortar plazos y agilizar la tramitación tanto de las quejas como de las reclamaciones de transparencia que recibe la institución, reconoce que hay «cierto vacío normativo» ante situaciones en las que la administración no aplica la resolución sobre transparencia. Solamente el comisionado de la comunidad de Navarra ­tiene potestad de imponer multas coercitivas al órgano o a la persona ­titular de esa administración que incumple la obligación de proporcionar información y hacerlo de forma reiterada hasta que finalmente cumple.

 

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