El PDeCAT y Esquerra abren la puerta a apoyar la senda de déficit del Gobierno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero./Efe
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Efe

El gesto, simbólico dado el poder de veto del PP en el Senado, permite al Ejecutivo augurar esperanzas sobre los Presupuestos de 2019

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno ha logrado abrir una rendija, tan sutil como fundada, a la esperanza de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 a la vuelta de las navidades. Si nada se tuerce en las próximas horas, las fuerzas independentistas harán un gesto en el pleno que celebra este viernes en el Congreso para aprobar los objetivos de déficit y deuda previos a la presentación de las cuentas públicas. Se trata de una decisión simbólica más que práctica. El día 27 el PP vetará esos límites con los que querría actuar el Ejecutivo gracias a su mayoría absoluta en el Senado, o sea, hará que se conviertan en papel mojado. Pero es precisamente eso lo que convierte la actitud del PDeCAT y Esquerra en un gesto indicativo de sus intenciones futuras.

Ninguna de las dos fuerzas políticas daban este miércoles nada por plenamente cerrado, sin embargo, ambas dejaron claro que no es en absoluto descartable que apoyen el plan gubernamental, especialmente, el PDeCAT. «Estamos en el camino del 'sí'», admitieron fuentes de la formación en la Cámara baja. De momento, desvinculan su posición en el debate de lo que pueda suceder en última instancia con las cuentas públicas, pero en el ala posibilista del partido -fracturado entre los seguidores de la deriva capitaneada por el expresidente Carles Puigdemont y los moderados- admiten que todo contribuye a crear un «clima» más propicio al entendimiento.

La senda de déficit que deben aprobar las Cortes no afecta solo a la Administración del Estado sino también a las de las comunidades autónomas. El pasado junio, el Gobierno logró que la Comisión Europea accediera a flexibilizar las cifras aprobadas para 2019 en cinco décimas del PIB (de 1,3% al 1,8%), lo que significan 6.000 millones de euros más que se distribuirían de manera desigual: 1.000 millones para el Estado, 2.500 millones para la Seguridad Social y otros 2.500 millones para las comunidades autónomas.

En el caso de Cataluña, la nueva senda significarían 470 millones de euros más de margen y en el PDeCAT argumentan que es importante dejar claro que si la Generalitat no puede contar con ese dinero de más no es por decisión propia sino porque el PP lo ha impedido. Ese fue siempre, de hecho, el discurso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no solo para el caso catalán sino para el conjunto de las comunidades.

Cuando en julio llevó al Congreso por primera vez sus objetivos de estabilidad presupuestaria, Montero hizo un discurso muy duro contra los populares, convencida de que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el 26 de mayo, ni siquiera sus propios electores podrían entender que se negaran a dar a las cuentas autonómicas un respiro ya autorizado por los guardianes de la ortodoxia en Bruselas. El chasco para el Gobierno fue que sus propios socios en la moción de censura le dieron la espalda.

Reforma fallida

EEl primero en distanciarse de la senda de déficit fue Podemos, que exigió al Ejecutivo una reforma de la ley de estabilidad para impedir que la decisión del Senado sobre este asunto sea determinante, es decir, para anular la capacidad de veto del PP. Pero al ver que su apoyo no serviría de nada, Esquerra y el PDeCAT se subieron al carro. Unos meses después, los socialistas trataron de tramitar por una vía urgente en el Congreso la reforma legal reclamada por sus aliados, pero se toparon con el muro del PP y Ciudadanos. Así que finalmente tiraron la toalla.

Resignado, el Gobierno optó por elaborar sus Presupuestos con la senda de déficit en vigor, la del 1,3%. Hace dos semanas, sin embargo, el Consejo de Estado le advirtió de que, antes de enviar las cuentas al Congreso en enero, como había anunciado Pedro Sánchez, debía volver a someter a votación la senda rechazada. El cambio forzoso de planes concedió, en todo caso, al Ejecutivo la oportunidad de aumentar la presión ytomar la temperatura a las fuerzas secesionistas. Una toma de temperatura realizada al calor de la reunión pactada con muchos tiras y afloja entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat.

El Gobierno se debate entre un discurso duro con el secesionismo y la mano tendida para continuar con su política de «desinflamación» de la situación política en Cataluña. Pero, sobre todo, tiene como prioridad la aprobación las cuentas de 2019, con las que cree que lograría oxígeno político para tratar de agotar la legislatura.