Burgos trabaja para adaptarse a la proliferación de alquileres turísticos

Aunque no llega al nivel de otras ciudades, el alquiler turístico ya es una realidad en Burgos. /
Aunque no llega al nivel de otras ciudades, el alquiler turístico ya es una realidad en Burgos.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha recibido 86 solicitudes de licencia para pisos o apartamentos turísticos | La casuística y las dudas normativas actuales complican su tramitación

Gabriel de la Iglesia
GABRIEL DE LA IGLESIABurgos

El sector turístico se encuentra en una suerte de punto de inflexión en su concepción tradicional. La proliferación de nuevos modelos de negocio, basados en el alquiler turístico de pisos y apartamentos teóricamente destinados al uso residencial, está cambiando el paradigma del sector y administraciones y colectivos hosteleros buscan la fórmula para adaptar esa nueva realidad a las exigencias y normativa. Cierto es que la situación en Burgos no ha llegado a la que se vive en otras grandes ciudades españolas, como Madrid o Barcelona, pero ese nuevo paradigma ya ha llegado a la ciudad del Arlanzón.

Así lo demuestran las cifras que maneja el Ayuntamiento, que sin ser competente en la regulación del sector, es el encargado de tramitar las licencias ambiental y de actividad, tal y como se plantea en las normas urbanísticas locales. En total, el Consistorio ha recibido hasta la fecha 86 solicitudes de puesta en marcha de pisos o apartamentos turísticos, de las que 57 se han tramitado.

La diferencia entre ambas cifras viene condicionada en gran medida por la actitud de algunos solicitantes, que antes de que se tramite la licencia deciden cesar en su solicitud. «Algunos han retirado la solicitud porque las exigencias no les convencían», explica la concejala de Licencias, Ana Bernabé, aunque la casuística es muy compleja.

Y es compleja porque, entre otras cuestiones, el contexto general también es «muy complejo». El 'boom' del alquiler turístico que se está viviendo en España en los últimos años ha obligado a las administraciones promover una regulación que aún plantea muchas dudas. Máxime cuando «cada comunidad autónoma actúa de una manera diferente», ya que las competencias son autonómicas y de momento no ha habido una gran coordinación. Pero a mayores, y teniendo en cuenta que cualquier actividad requiere del cumplimiento de las normas urbanísticas locales, cada ayuntamiento tiene sus propios requisitos.

Ese contexto hace que sea muy difícil homgeneizar criterios, y está causando más de un quebradero de cabeza. De hecho, Bernabé recuerda que la justicia ya anuló parte del decreto regulador aprobado tiempo atrás por la Junta de Castilla y León.

Un arma de doble filo

Como casi todo en esta vida, la proliferación de pisos y apartamentos turísticos genera dudas, debate y posiciones encontradas. Por un lado está la de los hoteleros de toda la vida, que consideran que el alquiler turístico es una suerte de competencia desleal, dada la diferencia entre el marco regulatorio de unos y otros.

Asimismo, en los últimos años ha cundido el miedo a la gentrificación, un fenómeo que está dejando su impronta en ciudades como Madrid o Barcelona, que han visto cómo sus centros históricos se vaciaban de vecinos mientras se llenaban de turistas y los precios del alquiler convencional se disparaban.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, los pisos y apartamentos turísticos también reactivan la actividad en lugares a menudo muy castigados y pueden dar una segunda vida a edificios o viviendas ruinosas que apenas contaban con otras vías de escape. Además, en muchos casos, suponen un ingreso extraordinario para familias o particulares.

Sea como fuere, en el caso de Burgos, la situación es incluso más complicada de abordar. No en vano, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es la norma sobre la que se asienta toda la normativa urbanística, «es anterior a la aprobación del decreto» de la Junta. Esto es, que no está adaptado a la nueva realidad del sector turístico. Sin embargo, es la norma que se ha de seguir a rajatabla mientras no se modifique.

Así, a lo largo de los últimos meses ha habido numerosas conversaciones internas en el Consistorio para intentar «homogeneizar criterios». Y «no es fácil». Lo único que se tiene «bastante claro» -así lo han ratificado los propios letrados municipales- es que la puesta en marcha de un alquiler turístico en Burgos exige contar con las licencias ambientales y de actividad. A partir de ahí, sin embargo, comienzan las dudas.

«Tenemos que respetar la libre competencia», máxime cuando los tribunales ya vienen apuntando en esa dirección, pero la casuística es tremenda. «No es lo mismo un piso de titularidad particular que se ponga en alquiler como una unidad que otro que se pretende dividir en apartamentos». Tampoco se puede tratar igual a un solo piso que a un edificio completo o a un bajo, que también son susceptibles de ser transformados en apartamento turístico.

En este sentido, las aristas son numerosas y en muchas ocasiones es «imposible» cumplir con la normativa en aspectos como las plazas de aparcamiento o la accesibilidad. «Hay que tener en cuenta que a menudo se plantean licencias de este tipo en edificios o viviendas muy viejas» que, en el mejor de los casos, necesitarían una profunda intervención para poner en marcha un negocio de este tipo.

En todo caso, la situación en Burgos se mantiene, de momento, relativamente controlada. Y es que, en comparación con otras capitales, el volumen de apartamentos y pisos turísticos es relativamente bajo, y se concentra en el casco histórico y en las proximidades del Hospital Universitario.

Eso sí, desde el Ayuntamiento se reconoce que este nuevo paradigma no ha hecho sino empezar en la ciudad y «llegarán más pisos y apartamentos turísticos». Seguro. Ahí entra de lleno otra cuestión, que se circunscribe al control. Hasta ahora se han tramitado 57 licencias en la ciudad, pero un simple vistazo a cualquier página de reservas permite comprobar la presencia de establecimientos que no cumplen.

En este sentido, Bernabé recuerda que la competencia de la inspección «es de la Junta». Lo único que puede hacer el Ayuntamiento en esta materia es «colaborar» y mantener una comunicación directa con la Consejería de Turismo para intentar localizar a los que no cumplen y, llegado el caso, aplicar las sanciones correspondientes.