«La adecuada dotación judicial sigue siendo la cuenta pendiente de la democracia»

Reunión de los presidentes de los TSJ con el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en la jornada inaugural. /Ricardo Ordóñez-Ical
Reunión de los presidentes de los TSJ con el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en la jornada inaugural. / Ricardo Ordóñez-Ical

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia concluyen las jornadas de Burgos reclamando a los poderes públicos más medios «para defender el orden constitucional» y «lealtad» en la crítica

El Norte
EL NORTEValladolid

Los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia han reiterado en sus conclusiones de las jornadas de trabajo de Burgos el llamamiento «a todos los poderes públicos a fin de que aseguren los medios y recursos que el Poder Judicial necesita para seguir cumpliendo con la misión de asegurar la aplicación del derecho para defender el orden constitucional. La modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia».

Para los responsables de los órganos de gobierno de los jueces españoles, la crítica de las actuaciones judiciales es «legítima y positiva en una sociedad democrática», pero pide a los cargos públicos que la ejerzan «con respeto y ponderación porque la descalificación general, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático. Consideramos esencial que quienes representan a los poderes públicos actúen con lealtad, favoreciendo la credibilidad en el Poder Judicial y en el resto de las instituciones».

Derechos de los consumidores

En su escrito de conclusiones, los magistrados se detienen también en la protección judicial de los derechos de los consumidores reconocidos por el ordenamiento de la Unión Europea que, a su entender, «se encuentra sumida en una crisis de eficacia por las dificultades en la gestión de los procesos en la jurisdicción civil, sustanciados en forma de litigios-masa. Este fenómeno, que puede potencialmente producirse en cualquier jurisdicción, debe ser solucionado con medidas legislativas específicas».