Castilla y León exhuma su memoria

El poeta Juan Gelman, víctima directa de la represión en Argentina por la que perdió a su hijo Marcelo, a su nuera Claudia y a la hija de ambos que ella llevaba en el vientre cuando la detuvieron, escribió que «tras desaparecer los dictadores de la escena aparecen inmediatamente los organizadores del olvido». Y en España, esos organizadores consiguieron tapar bajo muchos metros de tierra una historia pendiente de reescribir, dejando que calara en el acervo popular la idea de que las rencillas y las malquerencias de los pueblos alimentaron el caos y la locura de un tiempo en el que cualquiera podía morir.

Pero cada uno de los cuerpos que se han exhumado en los últimos años (en Castilla y León desde el año 2000 se han localizado e intervenido más de trescientas fosas) desvela que los muertos no lo fueron por azar, y que ciertas profesiones, dedicaciones e ideologías fueron masacradas. Por eso en esas fosas comunes, en las cunetas, en los documentos de los juicios sumarios, en los testimonio de los que presenciaron las sacas o los propios fusilamientos, en los registros de los cementerios y de las cárceles, figuran alcaldes, tenientes de alcalde o secretarios de municipios republicanos, o presidentes o secretarios de las casas del pueblo o de los ateneos republicanos, o tal vez sindicalistas o afiliados al PSOE que habían participado en la huelga legal del 34, o maestros que habían aplicado las leyes republicanas en las aulas e impuesto el laicismo, o mujeres significadas, abanderadas o líderes...

«Hemos resuelto el paro obrero», se escuchaba en las calles de Palencia tras los primeros días de la sublevación, según el relato del escritor Alfonso Camín, que noveló sus reflexiones sobre una guerra que el 18 de julio le sorprendió en la capital palentina: «Desplegado el santo y seña, todos obedecieron al señorito y al cura. Degollaron inmediatamente al maestro o a la maestra de la escuela, fusilaron al Ayuntamiento en pleno con el alcalde a la cabeza. Se nombró nuevo alcalde, cazaron unas cuantas familias de socialistas y republicanos, y ¡esta es la guerra! Si algún diputado fue sorprendido en el pueblo, también pagó con la vida».

Palencia, junto con León, Burgos y las zonas de Tierra de Campos, fue una de las provincias castellanas y leonesas que más sufrió la represión. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de ese municipio estima que más de 1.300 palentinos fueron fusilados, paseados o murieron en prisiones. Cerca de quinientos fueron enterrados en una fosa común en el antiguo cementerio, hoy en día cubierto por juegos infantiles y reconvertido en un parque, el de La Carcavilla. Solo han podido desenterrar 115 cuerpos.

El resto continuará irremediablemente bajo tierra. «Habría que levantar miles de metros cuadrados y es prácticamente imposible», explica Pablo García Colmenares, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y presidente de la ARMH de Palencia. Pero esta situación se repite en el resto del territorio. De los 20.000 castellanos y leoneses que murieron víctimas de la represión tras el 18 de julio, tan solo se han recuperado los restos del 10%, unos 1.900. León con 76 y Burgos con 73 lideran las provincias con más fosas exhumadas: en la primera se han desenterrado 169 cuerpos y, en la segunda, cerca de mil. Valladolid cuenta con 27 fosas recuperadas, con 320 cuerpos; Ávila, con 32 (50 cuerpos); Segovia, con 17 (20 víctimas localizadas), y Soria y Zamora, con 12 cada una y unos 45 restos entre las dos. Los datos aún no son definitivos, y no existe una asociación regional o nacional que coordine el trabajo.

«Y es muy difícil que se puedan recuperar todos, porque las víctimas que no están en cementerios, o los que no cuentan con una muerte documentada, son muy difíciles de encontrar», aclara García Colmenares. La asociación que preside en Palencia ha exhumado 38 fosas en tierras palentinas. No son muchas, comparado con el número de víctimas estimadas en la zona. «En Castilla y León llevamos quince años de retraso con respecto a otras comunidades como Andalucía, donde buena parte de la investigación se realizó en los años 90», lamenta el catedrático de Historia Contemporánea, y recalca que, por ese motivo, la recogida de testimonios ha sido fundamental: «Buena parte de los objetivos de los verdugos, de los sublevados en la Guerra Civil, fue eliminar no solamente a las personas, sino sus rastros físicos y el lugar donde estaban enterrados».

Por este motivo, junto con la recogida de testimonios tanto directos (que ya empiezan a escasear) como de los de hijos, sobrinos, vecinos y familiares, la labor de investigación documental es primordial: archivos municipales y provinciales, archivos militares, los registros de los cementerios, los registros civiles y los padrones municipales... A todos ellos se suman toda la documentación encontrada sobre juicios, traslados, ingresos y salidas carcelarias y los fondos del Centro de la Memoria Histórica ubicada en Salamanca, que recoge datos de los muertos en combate o de los papeles que fueron confiscados a las instituciones y partidos republicanos. «Utilizando el símil de Gelman, en esta comunidad los desorganizadores de la memoria no son las instituciones sino las asociaciones que trabajan a nivel local para luchar porque la verdad salga a la luz», apostilla el leonés Emilio Silva, presidente de la primera ARMH constituida en Castilla y León.

En los últimos años, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica han comenzado a recibir ayudas y subvenciones de los ayuntamientos, diputaciones y de la propia Junta de Castilla y León para poder costear las exhumaciones y homenajes. Pero estos fondos no son suficientes. Julio del Olmo, presidente de la ARMH de Valladolid, estima en 1.200 euros el coste de exhumar un solo cuerpo. Solo en el cementerio de El Carmen de la capital vallisoletana desenterraron 247 cuerpos. En esta provincia se estima que 2.500 vallisoletanos fueron asesinados, aunque la cifra total de represaliados asciende a 7.000.

También la Administración regional prevé elaborar un mapa de fosas en la comunidad, así como un censo de víctimas y un banco de ADN de los represaliados. Aunque en este caso las asociaciones de familiares se muestran más críticos. Emilio Silva, que además de presidente de la ARMH es nieto de uno de los miles de leoneses que desaparecieron tras el 18 de julio, pone en evidencia un dato esclarecedor: de las 800 personas que han sido exhumadas por parte de esta asociación, ninguna estaba registrada en el archivo salmantino: «Se trata casi siempre de ejecuciones extrajudiciales en lugares donde no hubo guerra, por eso es muy importante encontrar información». A pesar del Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León promulgado por la Administración regional, Silva considera que en esta tierra «no existe voluntad política para solucionar este problema. Lo que tiene que hacer la Junta en lugar de ese mapa imposible es coordinar a las universidades para que se encarguen de las investigaciones».

Mientras esa voluntad política llega, las asociaciones de la memoria histórica siguen trabajando para devolver la dignidad a los miles de represaliados que fueron enterrados bajo años de olvido. «Nos han vendido que esto lo impulsaron grupos de milicianos falangistas que iban por las ciudades y los pueblos matando a quien les parecía, pero esto no es así. El Ejército tenía todo muy bien organizado, y para fusilar a una persona se requerían tres informes distintos: uno de las autoridades locales, otra de la Falange y una tercera, de la Guardia Civil. El Ejército no quería que fuera represaliado nadie que no se lo mereciera. Fue una maquinaria perfecta. Lo que no quiere decir que, a río revuelto, en vez de matar a Juan se acabara matando a Pedro», relata el arqueólogo Julio del Olmo. Una teoría que comparte el historiador Pablo García Colmenares: «Nos llama la atención que estamos viendo que fue una violencia muy organizada y sistemática, que buscaba eliminar todos los cuadros sindicales, políticos y culturales relacionados con los ideales izquierdistas o republicanos. Y no solo estamos hablando de los que murieron; para conocer el número de represaliados que pasaron por las cárceles o que fueron depurados de sus trabajos habría que multiplicar por cinco la cifra de los fusilados en cada provincia. En Castilla y León superaría los 100.000».

Marco González, vicepresidente de la ARMH, apunta que ante la violencia física se dio otra psicológica por el temor de las familias que sufrían la desaparición forzosa de uno de sus miembros. «La violencia la vemos en cada fosa que abrimos: disparos, fracturas antemortem... Existía violencia desde el momento en el que te secuestraban, te separaban de tu familia, te encerraban en una cárcel durante meses o en un centro de reclusión, que ni siquiera eran prisiones provinciales, eran lugares habilitados o campos de concentración, como el de Miranda de Ebro o San Marcos en León; por allí pasaron miles de presos». España fue pionera en lo que a los campos de concentración se refiere. Julio del Olmo relata que los alemanes «aprendieron de nosotros, visitaron y tomaron nota de nuestros campos de concentración. Lo que nunca entendieron es que aquí se asesinara a los obreros. Por eso dejamos de fusilar a los trabajadores de Renfe, porque alguien pensó que si ellos morían, ¿quién iba a manejar los trenes?».

En los últimos días, el Ministerio de Justicia ha anunciado que el Gobierno asumirá la búsqueda y exhumación de represaliados; una noticia que ha sido acogida con un receloso entusiasmo. «Durante años, el gobierno de España ha tenido la obligación de investigar qué fue de estas víctimas de la represión, y no lo ha hecho. Es imperdonable que una sociedad democrática haya dejado morir a las viudas y a los hijos. Pero mejor tarde, que nunca», apostilla Julio del Olmo. Aunque, a juicio de García Colmenares, para muchos, ya es demasiado tarde, no aparecerán nunca. Y su olvido será la muerte de una parte de nuestra historia.