Castilla y León mantiene la mejor nota de España, un 9,3, en la atención a la dependencia

Personal atiende a una mujer con Alzheimer. /Gabriel Villamil
Personal atiende a una mujer con Alzheimer. / Gabriel Villamil

Es la comunidad que más cerca está de la plena atención sin acumular demanda en lista de espera

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Repite nota y repite la mejor posición de España. Castilla y León ha vuelto a obtener un 9,3 de nora en atención a la dependencia, un sobresaliente que la sitúa muy por encima de un promedio nacional de 5,4 y en un panorama nacional, eso sí, que mejora en todas las comunidades. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal cumple así 12 años y 19 evaluaciones (antes se hacían dos al año) sobre la capacidad gestora de las comunidades y Castilla y León arrastra ya ocho años como líder y alguno más compartiendo la posición en cabeza. Su peor ejercicio fue el de 2009 con solo un 5,8 de nota.

Año a año, este dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales repite fortalezas que le otorgan tal posición. La generación de empleo; la transparencia en la gestión; la baja lista de espera y el buen número de beneficiarios son los principales éxitos de una gestión marcada desde sus orígenes por una buena herencia de los Servicios Sociales a través de la cercanía que aportan la asistencia desde los centros de acción social, los Ceas.

Los puntos más débiles, dentro de situarse por encima de la media, es el del porcentaje de personas que no tienen grado después de un dictamen y el incremento anual de personas atendidas; aunque esta valoración se explicaría por un equilibrio entre altas y bajas que no modifica en exceso los datos globales.

Castilla y León, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es la única comunidad que logra la plena atención, es decir, que prácticamente no hay lista de espera y el sistema se muestra solvente para esolver nuevas incorporaciones. Castilla y León o Ceuta y Melilla tienen unas listas de espera de solo el 1,6% y del 6,2% respectivamente. «Su nivel de desatendidos (limbo) resulta modélico en todo el país. En valores absolutos a 31 de diciembre de 2018 únicamente había 1.471 personas dictaminadas pendientes de prestación», recoge el informe.

El equilibrio entre las ayudas económicas y la prestación de servicios guarda buena correlación; aunque ocupa en este aspecto la sexta posición nacional. El análisis por comunidades autónomas del Observatorio, revela cómo los territorios que han optado por favorecer la prestación económica vinculada están obteniendo aparentemente mejores ratios de cobertura, de creación y mantenimiento del empleo y de generación de retornos, si bien es cierto que en la actualidad los datos ofrecidos por el sistema sobre esta prestación son una «caja negra» ya que no se ofrece el dato concreto de qué servicio está vinculado. Esta prestación ya representa el 25% del total en Castilla y León.

Los recortes del Estado: 7.389 beneficiarios sin atender y 2.048 puestos de trabajo menos

En Castilla y León son atendidos ya 93.374 dependientes, con una tasa de atención de 37,53 atendidos por mil habitantes, 15 puntos superior a la media nacional (21,5 atendidos por mil habitantes). La prestación económica por cuidados en el entorno, que fue más recortada en la comunidad, ya se ha igualado a las cuantías estatales. Se han recuperado también derechos como compatibilidades de servicios y prestaciones entre sí y la vinculada está mejorada. La Junta, a través de la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportuniaddes, aportó al Sistema de la Dependencia más de 417 millones de euros en 2018, lo que viene a representar el 76% del gasto público. En el año 2018, la región dejó de percibir del Estado 39,5 millones como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero, destaca el dictamen del Observatorio, «se podrían haber atendido 7.389 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear 2.048 nuevos empleos. De haberse aprobado el incremento, los 450 millones del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia la autonomía recibiría 41,9 millones para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 7.851 nuevos dependientes y generarse 2.176 nuevos empleos en la comunidad.

Otro parámetro de importante peso en la comunidad es la creación de empleo. Un aspecto con marcadas diferencias en el panorama nacional entre los modelos de gestión de las diferentes. Las comunidades autónomas ofrecen un amplio arco que va desde los 18 empleos por millón (Baleares) hasta superar los 50 empleos por millón (Castilla y León y Extremadura). El Sistema genera ya en la región 28.621 puestos de trabajo directos. Con una tasa de 52 empleos por millón invertido, el mejor resultado de todo el país.

Destaca el informe que en todo caso, un sistema que debería estar con plena implantación en el año 2018 aún deberá esperar al menos hasta 2020 para verse en todo su despliegue. Desde la aprobación de la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, el Sistema ha sufrido muy diversos avatares que han afectado prácticamente a todas las coordenadas iniciales: el calendario de desarrollo, el baremo de valoración, la financiación, los contenidos e intensidades de los servicios, las cuantías de las prestaciones económicas, la compatibilidad entre prestaciones y servicios o la consideración de las cuidadoras familiares y de sus cotizaciones en un régimen especial de la Seguridad Social, son algunas de las variables que han sido alteradas cuando no suprimidas.

Y añade que «lo lamentable es que tales modificaciones no han estado tanto enfocadas a la mejora del sistema como a la contención y al recorte del gasto. El sistema ha recibido serios varapalos en forma de retrasos en la implantación y sobre todo en el ahogamiento financiero en su fase de despliegue, especialmente a partir de mediados de 2012».