Castilla y León reclama financiación extraordinaria según la incidencia del virus

A juzgar por las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, unidas a la del mandario del País Vasco, Íñigo Urkullu, las de Quim Torra, las reivindicaciones de Feijóo o incluso de García Page, al Gobierno de Pedro Sánchez le queda poco margen para conservar un cierto quórum con el que dictar las normas a seguir en la alerta sanitaria. «Hemos insistido en que utiliza los sábados la televisión para hacer anuncios y los domingos para comentarlo. Se lo hemos afeado. Que retrase su comparecencia o adelante las videoconferencias [de presidentes autonómicos]. Nos estamos enterando de propuestas, incluso hechas por las comunidades, por la prensa», se quejaba hoy, tras el encuentro habitual, Mañueco.

El malestar de las comunidades autónomas, por encima de las posturas de los partidos, que empiezan a ser cada vez menos proclives a prorrogar el estado de alarma, se basa especialmente en la falta de diálogo en torno a las propuestas de cada territorio. Así, Castilla y León insistirá mañana en su idea de desescalar «por zonas básicas de salud», después de que Pedro Sánchez dejara claro el sábado que su apuesta son las provincias. «Le hemos pedido de manera unánime, sobre todo las comunidades más extensas, con más provincias, que se baje el criterio a las zonas básicas de salud. Hemos coincidido muchísimas comunidades. Lo peor para la crisis económica sería un rebrote, por eso los pasos a dar hay que darlos con total seguridad y en eso coincidimos todos. Hemos hecho un planteamiento serio, solidario, responsable y consensuado y lo seguiremos defendiendo», explicó Mañueco.

Al mismo tiempo, su vicepresidente, Francisco Igea (Cs), señalaba en Twitter que «la España vaciada no puede ser además la España confinada». Y anunciaba lo que vendrá este lunes, que puede convertirse en un conato de rebelión por parte de varias comunidades. «Mañana haremos llegar una propuesta de desescalada sensata y progresiva que permita aunar seguridad y desconfinamiento progresivo. Una propuesta de comunidad, con consenso social y político», insistía.

Uno de los miembros del comité de expertos regional, Ignacio Rosell, mantenía las dudas sobre los criterios para esas fases de desescalada, que siguen sin estar definidos. «La cuestión es: ¿quiénes van a avanzar? Sólo aquellos que el Gobierno autorice (aparte de esas islas ya anunciadas) tras informe de las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son los números objetivos para decir sí o no? Ahí está el problema. ¡Aún no han dado esos valores!», se quejaba.

La otra gran discrepancia es la de la financiación. El presidente del Gobierno anució un «fondo extraordinario no reembolsable» de 16.000 millones de euros. No aclaró, sin embargo, cuáles serán los criterios de distribución, y dado que en numerosas ocasiones ese criterio tiende a ser el de la población y que Cataluña ya ha reclamado 4.000 millones, Mañueco ha insistido en que ese no puede ser el camino. «Sería una decepción tremenda si los criterios utilizados para apoyar a las comunidades autónomas no son los datos de afectados, de incidencia acumulada. El gasto sanitario, de servicios sociales, va vinculado a ese número de casos, otras cuestiones no. Sería una decepción que se utilizara otro criterio. El de población no es aceptable en estos momentos. Porque el perjuicio se ha producido por el número de casos», señaló.

Mañana habrá una reunión entre la ministra de Hacienda y los consejeros de las comunidades autónomas y será entonces cuando Castilla y León defina qué cantidad necesita. «Hemos pedido que sea extraordinario, no reembolsable y adicional, no a cuenta de lo que nos debe el Gobierno de España. Para pagar la factura de la Covid, garantizar la sanidad pública. No se ha hablado de los criterios y debe ser en función del número de contagios, de la incidencia acumulada por la enfermedad».