Denuncian ante la Fiscalía el reparto dirigido de subvenciones del Ecyl

La denuncia también señala a la actual presidenta de la patronal de estas empresas, María Nieves García Blanco, quien habría recibido subvenciones por casi 5,8 millones de euros en ese mismo periodo. Habría pasado de facturar 270.000 euros en 2014 a más de 1,9 millones en 2018. Cecap de Castilla y León, apunta el denunciante, contaba el pasado año con 85 entidades asociadas, que representan solo el 7% de las empresas del total de los 1.216 centros colaboradores inscritos y acreditados en el registro oficial, «pero que han actuado ante el Ecyl como un lobby en la elaboración de sus reglamentos para la convocatoria a la carta de los concursos de formación».

La concentración de los fondos de las políticas activas de empleo en este oligopolio, subraya, ha conllevado «la devolución masiva por falta de capacidad en su ejecución, de manera que no han llegado a sus destinatarios finales, los desempleados, pero también han expulsado del mercado a otras empresas del sector, que han sido excluidas de los concursos por ser de ámbito provincial». En la práctica, alerta, esto está suponiendo el cierre de estos centros.

Titulares de estos centros de formación ponen de manifiesto además la falta de control de la Junta sobre «la eficacia y eficiencia de estos fondos» de los planes de formación ocupacional para desempleados (Plan FOD) y de orientación, formación e inserción (Plan OFI) y los de formación continua para trabajadores en activo.

Según la información facilitada por la Junta sobre estos programas formativos, entre 2014 y 2018 se han concedido subvenciones por importe de 120,6 millones de euros, «mientras que los grupos empresariales objeto de denuncia han obtenido subvenciones por importe de 5,6 y 1,9 millones, lo que representa el 6,43% del total de las subvenciones. Detalla también el Ecyl que, de las subvenciones concedidas, se ha renunciado al 6,87% de los cursos subvencionados.

El pasado miércoles, el Bocyl publicaba la nueva convocatoria de las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) con las bases reguladoras reformadas, sin esperar a que el TSJ resuelva sobre el recurso contencioso planteado por este colectivo contra esta modificación de las condiciones para acceder a estas subvenciones. Esta publicación en el Bocyl ha puesto en pie de guerra a los recurrentes, que interpretan esta acción de la Junta «como una forma de dejar todo bien atado antes de irse porque saben que desde el Gobierno central se está planteando una reforma general de la normativa sobre la concesión de estas subvenciones a la formación».