La Junta prepara un gran contrato autonómico de teleasistencia que permitirá eliminar diferencias entre provincias

Un único contrato autonómico permitirá ampliar la calidad del servicio de teleasistencia y, previsiblemente, acabar con las diferencias en atención y tarifas de una prestación que contratan por separado los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, anunció, en Zamora, que «la nueva teleasistencia» que incorpora servicios como detectores de humo, de movimiento y caídas, imprescindibles para atender a personas que viven en soledad, será gratuita para los usuarios con dependencia. Un compromiso que su consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, ubicó en la recta final de 2021, porque la tramitación de los cambios necesarios «será larga».

«En vez de 24 contratos independientes habrá un único contrato y una única plataforma (informática de gestión)», explicó Blanco. La consejera señaló que deberán finalizar los contratos vigentes y que «no se trata simplemente de cambiar un aparato de un botón por otro. Habrá que ir poco a poco». Precisó que el día a día de esta prestación seguirá en manos de ayuntamientos y diputaciones.

La atención «avanzada» en teleasistencia requiere de las nuevas tecnologías. Permite un servicio «proactivo» que supera al tradicional mecanismo de respuesta ante una llamada de un usuario, apuntó el presidente. A esos detectores de movimiento o humo, se suma la gestión y el seguimiento de citas médicas, por ejemplo. Fernández Mañueco subrayó que «la teleasistencia avanzada va a garantizar el salvamento de muchas vidas».

La teleasistencia en Castilla yLeón llegó a 37.889 personas (son datos de 2019 facilitados por la Junta), de los que 13.825 tenían reconocido algún grado de dependencia.

Entidades como el Procurador delComún han recomendado reiteradamente unificar criterios y tarifas de teleasistencia y ayuda a domicilio, dispares en función de la provincia o el municipio de residencia del usuario.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales llamó la atención a finales de 2017 a la Junta y a los ayuntamientos y diputaciones que prestan este servicio por la baja cobertura en una comunidad «con una tasa tan alta de envejecimiento y un hábitat tan disperso». Según esta asociación profesional, la tasa de beneficiarios de esta prestación era del 3,66% entre los mayores de 65 años, cuando la media nacional de usuarios de teleasistencia entre los que sobrepasaban la edad de jubilación se situaba en el 8,89%.