El nuevo Gobierno se estrena con una ley autonómica de derechos y garantías al final de la vida

Francisco Igea, de Cs, se estrenó así ayer con uno de sus grandes proyectos también a nivel nacional, que fue debatido en el primer encuentro de consejeros, una regulación que, por otra parte, siempre ha disfrutado de «un amplio consenso», según destacó.

Fue este el primer Consejo de Gobierno de Castilla y León de la décima legislatura que también inició el recorrido de la Junta con la solicitud de comparecencia en las Cortes de todos los consejeros para explicar su programa para cada departamento. Unas intervenciones en el Parlamento que previsiblemente tengan lugar en el mes de septiembre.

En la habitual rueda de prensa tras la primera reunión del nuevo Ejecutivo del PP y de Cs que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, portavoz y también vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, destacó que dicha regulación de los cuidados paliativos es uno de los cien puntos del acuerdo de gobierno entre ambos partidos. El mismo recoge cuándo suspender un tratamiento, las peticiones de sedaciones paliativas, garantías sobre la información apropiada a las circunstancias y la intimidad o el apoyo personal.

El borrador del texto busca garantizar que «toda persona disfrute de la misma dignidad en sus últimos días» y aunque no se trata de una ley que regule la eutanasia –aclaró el portavoz de la Junta– «porque esas competencias son además nacionales» sí establece las condiciones en las que se desarrollan los cuidados terminales por parte de los médicos y el respeto hacia la decisión de los propios afectados, los pacientes o, en el caso de no estar en condiciones de decidir, de sus allegados. Una ley que también impulsará el testamento vital o las últimas voluntades y que, en definitiva, insistió este médico vallisoletano, «permite al paciente controlar hasta el final de sus días sus decisiones».

El documento ya en su preámbulo reconoce que es un «proceso muy complejo, difícil y con una alta incertidumbre» y busca como objetivo el «respetar la dignidad de la persona» y abordar los «dilemas» a los que se enfrentan las administraciones y los profesionales sanitarios en estos casos.

«Los cuidados paliativos, dirigidos al abordaje integral de las necesidades de los pacientes, incluso cuando ello pueda acortar su vida, pueden ser la opción más adecuada y, a la vez, la más humana para garantizar que puedan afrontar el proceso final de su vida de manera digna», recoge el borrador en su exposición de motivos. En sus premisas defiende que «es necesario reconocer que en todas las vidas hay un momento en que lo razonable o útil para ayudara las personas a bien morir, es priorizar su confort y evitar el sufrimiento, por encima de intentos fútiles de alargar su vida. Llegados a ese punto, deben asumirse no solo los límites de la medicina, sino también el hecho inevitable de la muerte, lo que conduce a hacer un uso adecuado de los medios disponibles para prolongar la vida». La normativa persigue diferenciar «lo que es un razonable esfuerzo terapéutico, conducente a alargar la vida de los pacientes en condiciones dignas, de la obstinación terapéutica, que solo conduce a la prolongación de un sufrimiento innecesario».

El documento reconoce el deber de pleno respeto hacia la voluntad de los enfermos terminales, cuando exista un pronóstico vital irreversible y reducido en el tiempo causado por una dolencia «incurable» o por un «deterioro extremo que provoque trastornos graves, irreversibles o incontrolables en quienes lo padecen».

El derecho a la información asistencial «completa, clara y comprensible»; así como la manera de designar a sus representantes en caso de no poder decidir sobre su tratamiento, junto con los deberes de los profesionales sanitarios a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico, que evite el ensañamiento clínico son otras de las situaciones que aborda el documento.

Un proyecto que, pese a no haber presupuestos, puede seguir su recorrido porque, explicó Igea, la situación de los mismos impide algunas iniciativas pero no esta ley en concreto que irá además acompañada de sanciones y una evaluación de resultados. Una «obsesión», la de analizar resultados en la que Igea volvió a insistir asegurando que «se aprueban muchas leyes sin analizar su impacto».

También en el ámbito sanitario, la nueva Consejería ha solicitado un informe tanto sobre el cierre de camas en centros hospitalarios durante el verano como de la situación de las listas de espera, las estructurales y las que no lo son.

En cuanto a la solicitud de la dimisión de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, Igea rechazó «la petición más rápida de la historia» y destacó que no podían admitirla por tratarse de una opinión y además formulada «hace siete años» sobre la especialidad de médicos de Urgencias, una postura compartida además por sociedades científicas de distintos ámbitos y destacó que tal petición no pone en duda la capacidad de gestión de esta médico que «es la envidia de muchas comunidades autónomas. Hay pocas personas que tengan tanta capacidad», añadió.

El Consejo de Gobierno también anunció para la próxima reunión el debate de un proyecto para regular el tercer sector, de la mano de la Consejería de Familia o Igualdad de Oportunidades y defendió la actuación frente a los topillos además de advertir del grave riesgo de incendios forestales con la sequía y el actual clima. Así pidió a la ciudadanía que «extremen precauciones» ante el incremento del riesgo de incendios y anunció que, «en breve», se abordará en la comunidad una Ley del Fuego. Destacó que, en la última legislatura, la cuantía total destinada a la lucha contra incendios se había incrementado en 12 millones de euros, a lo que ha sumado un aumento de la masa forestal del 11% en los últimos nueve años con una superficie de cinco millones de hectáreas. Igea destacó que en Castilla y León se logra repoblar a un ritmo más rápido que las pérdidas.

Asimismo, el nuevo viceconsejero criticó al Gobierno central por haber paralizado el proyecto de la obra para traspasar agua del embalse de Las Cogotas a Fuentes Claras en Ávila; lo que calificó de «difícilmente explicable». En este sentido recordó la situación se sequía y se refirió al acuerdo rubricado entre instituciones para acometer esta actuación con una inversión conjunta de 1,1 millones de euros del Gobierno y la Junta.

Por otra parte, anunció que el próximo lunes está previsto que se liciten la conducciones a la estación depuradora de aguas residuales de Valladolid desde La Cistérniga y Laguna de Duero.