Profesionales detectan un aumento de la privatización sanitaria de Castilla y León

Manifestación de enero en Valladolid de la FADSP. :: </p><p>G. VILLAMIL/
Manifestación de enero en Valladolid de la FADSP. :: </p><p>G. VILLAMIL

El sexto informe de la federación de defensa de lo público sitúa a Castilla y León entre las comunidades de 'grado intermedio'

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

La sanidad privada se fortalece conforme la pública se deteriora. Es la correlación que establece la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en sus informes anuales que tratan de cuantificar, desde indicadores de crecimiento del sector de los seguros y de la atención privada a aparataje, camas y aumento de la actividad, además de los conciertos con el sistema público, cuánto crece cada año lo que califica de «privatización» del sector y de forma porcentual conforme a su población. Esta organización está formada por profesionales, no solo sanitarios, (médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores y economistas y abogados) a los que les une la defensa del sistema público y que se declara «apartidista».

El nuevo informe permite comparar comunidades y ver la evolución de cada una al puntuar nueve variables. Así Castilla y León, aunque sigue entre las 'intermedias' en cuanto a privatización, ha escalado tres puestos y es la sexta, junto a la de Valencia, con mayor grado de privatización de toda España al sumar 20 puntos. de entre los 37 posibles.

Comparte grupo también con Galicia, Murcia, y Navarra, con 19, y con Aragón, Cantabria y La Rioja con 18 puntos. Madrid lidera, con 31', la clasificación; seguida de Cataluña, con 29; Baleares, con 25, y Canarias y País Vasco, ambas con 24.

Decisiones políticas y de empresa «no guardan relación»

«El informe sugiere la idea de transferencia desde lo público a lo privado, de fondos o responsabilidades públicas al sector privado. Sugiere decisiones políticas a favor de un modelo u otro. Pero de todos los indicadores que utiliza, solo uno apunta en esa dirección parcialmente, el de los conciertos; aunque tampoco cabe hablar de privatización exactamente pues no afecta a servicios sino a su utilización», destaca el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. «Sobre conciertos, es conocido que Castilla y León es la segunda comunidad con menor gasto, un 3,89%% del mismo. De los restantes indicadores, ninguno tiene relación con decisiones políticas de privatización o de transferencia de recursos al sector privado». Así, «hablar de privatización y vincularlo al número de camas o la tecnología, a decisiones empresariales, no tiene ningún sentido. O vinculando al gasto de bolsillo, en gran medida en odontologia, estética, óptica..., es un despropósito. También lo es considerar a las mutualidades como sector privado».

Las menos privatizadas según este informe de las 'mareas blancas' son las de Extremadura con 12 puntos, Castilla-La Mancha 13, Andalucía, con 15 y Asturias con 16.

La evolución de Castilla y León en cuanto a la privatización es al alza desde el primero de los análisis, en 2014, que empezó con 16 puntos, luego descendió a 15 en los últimos tres balances. También ha empeorado en su posición y tras ocupar los puestos octavo y noveno, actualmente es la sexta más privatizada.

La organización destaca que estos datos, la mayoría de 2018 y alguno de 2017, confirman un «deterioro de lo público en todas las comunidades. Se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009 –se ha pasado del 24,6% del gasto sanitario total en este año al 29,3% en 2017, según los datos de la OCDE– y también se han incrementado los conciertos, el aseguramiento privado y el gasto de bolsillo», destaca.

Señala asimismo que «hay que ser conscientes de que las cifras de contratación con el sector privado están infraestimadas por la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa con la privada como pruebas diagnósticas que no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.