Ulibarri será enjuiciado mañana por su implicación confesa en la trama Gürtel por los contratos de Boadilla del Monte

Tras dos suspensiones desde que en 2016 el instructor del caso Gürtel cerró la investigación, el juicio sobre la pieza separada referida a los contratos de Boadilla del Monte (Madrid) se celebrará mañana con el empresario José Luis Ulibarri en el banquillo, junto a otros 25 presuntos implicados en la trama.

El constructor leonés es uno de los once encausados que previamente habían confesado a la Fiscalía Anticorrupción su participación en los delitos que se le imputan para rebajar su pena y tratar de evitar el ingreso en prisión. «Nos mostramos conformes con la redacción de la conclusión del Ministerio Fiscal en todo aquello relacionado con la adjudicación a UFC de la parcela», indicaba el escrito remitido por Ulibarri a la Audiencia Nacional en el que admitía su participación en los hechos investigados en esta causa, la concesión de contratos públicos a cambio de comisiones irregulares simulando servicios no realizados.

Según el auto del juez instructor existen indicios suficientes para el enjuiciamiento de este empresario que, según la acusación, habría pagado un millón de euros a la trama liderada por Francisco Correa para que el ayuntamiento, presionado por este, concediera una parcela a una de sus empresas. La empresa de Ulibarri, UFC SA consiguió la adjudicación de dicho terreno por 35 millones de euros y se habría pagado alrededor del 3% en comisión ilegal. Una comisión que se habría camuflado como pagos de servicios que nunca se prestaron.

José Luis Ulibarri reconoce un delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA del ejercicio de 2006 de la sociedad UFC; un delito de prevaricación por la adjudicación de la parcela urbanizable; fraude a la Administración Pública; tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil por encubrir en servicios no prestados el millón de euros que tuvo que abonar a la red de Correa. A UFC SA se le adjudicó, según refiere el auto judicial, la parcela 1-A de la manzana M-7 de la UE-12 del Polígono B del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. En esta adjudicación habría participado Gordon Levenfeld «ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones SL«.

Así, según expone el auto de enjuiciamiento, en el año 2005, el grupo de Boadilla del Monte dirigido por Correa «habría beneficiado desde el Ayuntamiento» a la empresa gestionada por Ulibarri, UFC SA, con la adjudicación de dicha parcela. El procedimiento de adjudicación fue de concurso abierto, con un precio de salida en la licitación de 33,36 millones de euros. El pliego de condiciones se estableció el 18 de enero de ese año y está firmado por el entonces delegado de Patrimonio, Francisco Sánchez Arranz, que falleció al año antes de cerrarse la investigación. Los integrantes del grupo de Correa «se habrían prevalido de la ascendencia moral y del prestigio de sus cargos y de su relación de amistad con Sánchez Arranz, convenciéndolo de que los confeccionara de modo que permitieran la adjudicación en la forma pactada».

En el pliego se dio muy poco valor a la oferta económica, un 30%, único criterio objetivo, «máxime teniendo en cuenta que era un expediente de enajenación en que el precio debería ser un criterio principal». La situación, señala el instructor, «es aún más evidente si se compara con la enajenación de otras parcelas municipales en las que el criterio económico se valoró en un 76,92%. Otro aspecto sospechoso del pliego es que »establece conceptos subjetivos genéricos y sin baremar, siendo en el informe técnico donde se determinan los subcriterios que se tendrán en cuenta y su baremación«.

El pleno municipal del 28 de enero de 2005, con el voto favorable de González Panero, acordó enajenar la parcela, aprobó los pliegos y convocó la licitación una vez obtenidala autorización de la Comunidad de Madrid. Esta autorización se obtuvo mediante una orden del consejero de Presidencia Francisco Granados, el 12 de julio de 2005. Se presentaron las empresas Habitat, Lualca SL, Proinsa, UFC SA y Prasa.

En ejecución de lo convenido con el grupo, sostiene el auto judicial, Ulibarri presentó por UFC SA una oferta con un precio de 35 millones y «un plazo de ejecución de imposible cumplimiento, conociendo que iba a resultar adjudicatario«. De hecho, propuso el menor plazo de ejecución, de 12 meses, inferior en 3,6 meses a la oferta que obtuvo la segunda puntuación, Lualca, que era superior en 4.072.000€.

La adjudicación fue aprobada por el pleno el 28 de octubre de ese año y al mes siguiente se firmó la escritura pública, con la rúbrica de González Panero en nombre del Ayuntamiento. La duración de las obras ejecutadas por Begar fue de 18 meses.

El auto cifra el perjuicio para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en más de cuatro millones de euros, que era la diferencia de precio de las ofertas de UFC y de otras dos constructoras que se presentaron al concurso Lualca y Habita, que superaron los 39 millones de euros. Ulibarri, sostiene el auto judicial, fue uno de los nueve empresarios que «contribuyeron decisivamente» a que se les adjudicaran contratos en el Ayuntamiento de Boadilla. «Para ello presentaron sus ofertas amañanadas, sabiendo que les serían adjudicadas, plazos de cumplientos imposibles o con conocimientos previos de las condiciones de los pliegos, y para ello prometieron y abonaron las comisiones millonarias que habían comprometido con Correa y su grupo, que estos se repartieron entre ellos mismos y, en algunos casos, el Partido Popular«

La comisión pactada entre Ulibarri y el grupo de Correa fue de un millón de euros y se habría encubierto de común acuerdo como pagos de servicios supuestamente prestados por la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones SL (CGI) a UFC SA y se reflejaron en sendas facturas por importe cada una de 500.000 euros (580.000 euros, IVA incluido) que fueron abonadas el 9 y el 10 de enero de 2006, respectivamente.

Estas facturas fueron contabilizadas en UFC SA y se incorporaron a la declaración de IVA correspondiente al ejercicio 2006 de modo que se habría incrementado la cuota a devolver por ese tributo en 160.000 euros obteniendo así indebidamente una devolución por ese importe.

La sociedad CGI estaba administrada por Gordon Levenfeld, quien habría participado en la operativa «conociendo el origen de los fondos y la finalidad de la operación y quien, una vez recibidos los fondos, los habría transferido a sus finales destinatarios«, las siete mercantiles del grupo de Correa, por distintas vías. La sociedad CGI, en definitiva, sostiene el juez «no es más que una «conductora» de los fondos recibidos» del constructor leonés por este importe conjunto de un millón de euros más otros 160.000 euros de IVA. Correa, concluye, se benefició directamente de los fondos obtenidos por CGI de UFC SA. «El mecanismo de blanqueo de capitales implicó la utilización de sociedades instrumentales, el uso de operaciones mercantiles simuladas y facturas falsas simulando servicios inexistentes y el ingreso de cantidades en cuentas de terceras personas o sociedades sin razón aparente», subraya el auto de enjuiciamiento.

La Fiscalía Anticorrupción solicita por estos hechos, en su escrito provisional, siete años y un mes de cárcel para Ulibarri por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la defensa de Ulibarri reclama que se le apliquen las atenuantes de confesión y reparación del daño, y que reduzca la petición inicial de siete años de cárcel a 19 meses. Esto supondría una pena inferior a los dos años y, si se concreta el acuerdo con la Fiscalía, evitaría al menos en esta pieza separada su ingreso en prisión.

Ulibarri, dueño de la empresa Begar, fue imputado también en los casos de corrupción Púnica y Enredadera. El primero se sigue en un juzgado de la Audiencia Nacional y el segundo lo instruye un órgano ordinario de Badalona (Barcelona). Por esta última causa fue detenido en julio de 2018 y estuvo en prisión preventiva durante tres meses.

Hasta ayer han reconocido los hechos de la pieza separada de Boadilla, en un goteo sucesivo, Francisco Correa, cabecilla confeso de la trama; su número dos, Pablo Crespo; el empresario José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que declaró que el líder de la red medió para conseguirle adjudicaciones con administraciones del PP en Madrid y Valencia; y Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla y que admitió el cobro de comisiones irregulares.

En el escrito de Pablo Crespo, remitido en abril a la Audiencia Nacional, reconoce que recibió 593.000 euros por intermediar en adjudicaciones del consistorio dirigido por el popular Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, en favor de Teconsa, Constructora Hispánica y UFC, de José Luis Ulibarri.

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