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La Asamblea aprueba el anteproyecto de Estatuto de Autonomía el 27 de junio de 1981 en Salamanca. Archivo municipal
Los últimos en alcanzar la autonomía

Los últimos en alcanzar la autonomía

El Estatuto castellano y leonés fue el último en aprobarse, el 22 de febrero de 1983, tras un intenso debate en torno a las tesis leonesistas, la capital en Tordesillas, el peso de las diputaciones y el sistema electoral

Miércoles, 21 de febrero 2018

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Cuando el 31 julio de 1981 el entonces presidente del Gobierno, el centrista Leopoldo Calvo-Sotelo, suscribió con el socialista Felipe González, líder de la oposición, los Pactos autonómicos que establecían un mapa de 17 autonomías y dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla–, Castilla y León ya había cumplido sus propios ‘deberes’ conforme el artículo 146 de la Constitución. Un mes antes, concretamente el 27 de junio, una Asamblea mixta de diputados provinciales y parlamentarios celebrada en Salamanca, con mayoría de Unión de Centro Democrático, había dado luz verde al proyecto de Estatuto castellano y leonés. Este disponía la capitalidad en Tordesillas, otorgaba a las Diputaciones Provinciales más poder que a las Cortes regionales y, desde el punto de vista electoral, primaba a las provincias menos pobladas, tradicionalmente consideradas más proclives al centro derecha. Elevado dicho proyecto a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica, esta se inició formalmente el 24 de julio.

Aunque los parlamentarios centristas hicieron todo lo posible por adelantar los trámites a causa del deterioro que sufría la UCD, los plazos se alargaron y hasta abril de 1982 no se nombró la ponencia encargada de tramitar el Estatuto. Mientras las tendencias secesionistas en Segovia, León y Burgos enturbiaban más si cabe el proceso, los parlamentarios de AP y PSOE tampoco mostraban especial interés por acortar los plazos, confiados en que un adelanto electoral les brindaría una mejor posición en las Cortes. Y así fue. En agosto de 1982, estando el Estatuto de Castilla y León en fase de dictamen por la Comisión Constitucional del Congreso, Calvo Sotelo disolvió las Cámaras y convocó elecciones legislativas para el 28 de octubre. A raíz de las mismas, y de la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González, la relación de fuerzas presentes en las Cortes dio un vuelco y anunció lo que se avecinaba: el Estatuto resultante se parecería muy poco al aprobado en junio de 1981 por aquella Asamblea salmantina con mayoría centrista.

Aun así, el camino a transitar tampoco sería cómodo, pues cuando el 20 de enero de 1983 se reunió la Comisión Constitucional para tratar la cuestión del Estatuto de Castilla y León, las presiones secesionistas en Segovia, León y Burgos estaban de plena actualidad, al tiempo que las encuestas indicaban que solo la mitad de los castellanos y leoneses apoyaban inequívocamente la autonomía. Por eso, los debates en el Congreso y el Senado, analizados con rigor por Antonio Calonge Velázquez, hubieron de sortear tres puntos calientes: la protesta leonesista, el papel de las Diputaciones Provinciales y el sistema electoral.

Precisamente, con la discusión de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular (AP-PDP), favorable a la salida de León de la Comunidad Autónoma, dio comienzo el debate en la Comisión Constitucional. Fue el diputado José María Suárez, alcalde de León en 1974 y 1975, el que más énfasis puso en defender la postura segregacionista, para lo cual comenzó empleando argumentos de técnica jurídica, como que la iniciativa autonómica no había partido de Diputaciones y municipios, como preceptuaba la Constitución, sino del Consejo General; o que el respaldo de 58 Ayuntamientos leoneses a la autonomía se efectuó de manera irregular. Además, esgrimió razones históricas que buscaban remarcar la singular e identidad leonesa. A Suárez le respaldó en el Senado el también militante de AP José Calderón Llamas, quien también recordó que una encuesta realizada por la Diputación leonesa en febrero de 1980 reflejó una mayoría de municipios favorables al ‘León solo’, así como la manifestación que con este mismo lema sacó a la calle a 30.000 leoneses en enero de 1983.

Sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León en Tordesillas, el 21 de mayo de 1983.
Sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León en Tordesillas, el 21 de mayo de 1983. Archivo Municipal

De refutar dicha encuesta se encargaron los socialistas José Álvarez de Paz (Congreso) y Manuela García Murias (Senado), que incidieron en sus deficiencias, pero fue el senador –e historiador– Juan José Laborda, peso pesado del PSOE regional, quien más se empleó en desacreditar la opción leonesista. Además de remarcar el escrupuloso cumplimiento del artículo 143 en todo lo relacionado con el proceso en León, recordó que la región era un todo vertebrado por la Cuenca del Duero, aventuró que la exclusión leonesa sería especialmente lesiva para la provincia, pues tendría que soportar durante cinco años un régimen común, expresó la incoherencia de los leonesistas al reducir el viejo Reino a la provincia leonesa dado el escaso arraigo de aquel en Salamanca y Zamora, y concluyó señalando que si el centralismo franquista no había logrado destruir la identidad leonesa, menos lo iba a hacer la autonomía de estas tierras. Finalmente, por «razón de Estado» y por defender los intereses generales por encima de los particularismos provinciales, el centrista Rodolfo Martín Villa apostó por la integración de su provincia en el ente autonómico.

Fue así como las enmiendas populares a la totalidad cosecharon una derrota cantada: desestimada la propuesta en el Congreso por 98 votos a favor, 186 en contra y 11 abstenciones, en el Senado lo fue por 40 votos a favor, 106 en contra y 9 abstenciones.

Precisamente, los miembros de UCD, con Martín Villa a la cabeza, defendieron la capitalidad de la región en Tordesillas, pues entendían que era peligroso dejar abierto este tema y que dicha localidad era «la mejor o la menos mala de las opciones». Pero ni PSOE ni AP querían decantarse por una localidad concreta, conscientes del desgaste que ello supondría de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 1983. Ambos partidos apostaron por una Ley de las Cortes que habría de fijar la capitalidad, pero con un procedimiento más rígido por parte de los socialistas, quienes exigían una mayoría de dos tercios de los votos del Parlamento regional; AP, sin embargo, daba la iniciativa de la propuesta tanto a la Junta como a un tercio de procuradores, que además podrían decantarse por una o varias sedes, y solo exigía mayoría absoluta en primera votación o minoría simple en segunda vuelta.

El debate en la Comisión Constitucional y en el Congreso, protagonizados por Demetrio Madrid y Eduardo Martín Toval por el PSOE y José María Ruiz Gallardón por AP, se decantó del lado socialista por 185 votos a favor, 7 en contra, 105 abstenciones y un voto nulo. Y en el Senado, donde el popular José María Álvarez de Eulate defendió que la primera reunión de las Cortes habría de celebrarse en Burgos, el PSOE sacó adelante su propuesta por 97 votos a favor, 40 en contra en 3 abstenciones.

Sistema electoral

Mucho más relevante era el debate sobre el sistema electoral, pues los socialistas no estaban de acuerdo con el que figuraba en el artículo octavo del texto base del Estatuto, de fuerte componente mayoritario, como defendía UCD. Salvo AP-PDP, el resto de grupos se decantaba en sus enmiendas por mejorar la proporcionalidad en la fórmula para obtener el número de procuradores por provincia. Las propuestas de las formaciones mayoritarias abarcaban los 3 procuradores fijos y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 25.500 del PSOE; los 4 procuradores fijos más uno por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.500 del Grupo Centrista; y los 8 procuradores por provincia de AP-PDP.

Mientras estos últimos, por boca de José María Ruiz Gallardón, justificaban su propuesta, que tomaba como modelo al País Vasco, señalando que dado el número de provincias y la amplitud del territorio sería la única manera de garantizar la participación efectiva de todas las provincias en la autonomía, los socialistas, con Demetrio Madrid a la cabeza, aducían que era necesario tener en cuenta las diferencias demográficas entre provincias y asegurar una representación más ponderada. Como nota curiosa, cabe recordar la participación de José María Aznar, diputado entonces por Ávila, en defensa de una barrera electoral del 5% para toda la Comunidad con objeto, decía, de evitar la proliferación de partidos y racionalizar el proceso. Finalmente, aunque en el Congreso los socialistas aceptaron establecer un mínimo de 4 procuradores por provincia, en lo que también estaban de acuerdo CDS y PCE, en el Senado volvieron a rebajar la cifra a 3 procuradores fijos más uno por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500, siendo aprobada por 96 votos a favor, 33 en contra y 3 abstenciones.

«El papel de las diputaciones provinciales también dio que hablar en los debates, pues mientras UCD y el Grupo Popular apostaban por fortalecerlas y convertirlas en órganos de la comunidad autónoma, los socialistas y el PCE pretendían lo contrario»

Como señala Mariano González Clavero, «con este resultado la izquierda consiguió un gran éxito (…). Las provincias más pobladas eran el granero de votos de la izquierda de la región, por lo tanto era lógico que, aprovechando la mayoría en las Cortes, establecieran un sistema que ampliaba el número de representantes de las provincias con mayor número de habitantes. Con la ampliación del Parlamento regional, los socialistas tenían una mayor oportunidad de éxito de cara a las cercanas elecciones autonómicas. El número total de procuradores quedó en 84, repartidos de la siguiente forma: Soria 5; Segovia 6; Ávila y Palencia 7 cada una; Zamora 8; Burgos y Salamanca 11 cada una; Valladolid 14; y León 15».

Segovia, incorporada a la fuerza

Rencillas provincialistas e intentos secesionistas procedentes de León, Burgos y, sobre todo, Segovia dificultaron sobremanera el proceso autonómico de Castilla y León. El caso más grave fue, sin duda, el segoviano, donde la oposición a formar parte de la futura comunidad autónoma, encabezada por los centristas Modesto Fraile, Carlos Gila, Rafael de las Heras (presidente de la Diputación Provincial) y Emilio Zamarriego, resultó verdaderamente preocupante: además de la salida, el 31 de julio de 1981, del proceso autonómico, la Diputación Provincial tomó la iniciativa de constituirse en comunidad autónoma uniprovincial.

Tres meses más tarde, el Ayuntamiento de Cuéllar, cuya decisión era crucial habida cuenta de que ni el Ayuntamiento de la capital ni los de localidades importantes como El Espinar o Santa María la Real de Nieva se habían sumado a la opción escisionista, se adhería a la iniciativa uniprovincial. No sin esfuerzo, y previa purga de Fraile y Gila por parte de la UCD nacional, el 3 de diciembre de 1981, otro acuerdo del mismo Consistorio revocaba el anterior. Con todo, el proceso quedó paralizado a la espera de la tramitación de un recurso interpuesto por la Diputación Provincial.

De modo que Segovia hubo de ser incorporada a la autonomía mediante la Ley Orgánica 5/1983 por «motivos de interés nacional», según prevé el artículo 144 c) de la Constitución. Dicho proyecto, defendido con ardor por Fraile y Gila, se debatió también en el Congreso el 22 de febrero de 1983, siendo contestado por los diputados Juan Andrés Muñoz García (PSOE) y Gabriel Cisneros (UCD). El Pleno lo aprobó por 190 votos a favor, 98 en contra del Grupo Parlamentario Popular y 12 abstenciones, y el 1 de marzo de 1983 el Senado hizo otro tanto sin introducir variaciones en el texto. De esta forma, la Ley Orgánica 5/1983, publicada, al igual que el Estatuto, en el BOE del 2 de marzo, establecía la incorporación forzosa de Segovia a esta comunidad autónoma.

El papel de las diputaciones provinciales también dio que hablar en los debates, pues mientras UCD y el Grupo Popular apostaban por fortalecerlas y convertirlas en órganos de la comunidadautónoma, rebajando así la multiplicación de la burocracia, los socialistas y el PCE pretendían lo contrario, fortalecer la autonomía frente a la fuerza tradicional de las Diputaciones. Finalmente, las tesis de estos últimos, defendidas por los diputados Madrid y Álvarez de Paz, y por el comunista Horacio Fernández Inguanzo, salieron adelante en el Congreso y en el Senado, por lo que el PSOE pudo imponer su proyecto de una administración regional fuerte, dejando de lado la noción de comunidad autónoma como «Mancomunidad de Diputaciones» que defendían populares y centristas.

En lo que ambos sí estuvieron de acuerdo fue en rechazar las pretensiones del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos de simplificar el proceso de segregación del enclave burgalés de Treviño. Este punto enfrentó dialécticamente a Zavala Alcívar-Jáuregui (PNV) con José María Arévalo (PSOE) y Álvarez de Eulate (AP). La aprobación del proyecto de Estatuto en el Congreso, el 26 de enero de 1983, contó con un amplio consenso político –208 votos a favor, 4 en contra y 2 nulos–, pero se vio enturbiada por la abstención de los 100 procuradores de la coalición AP-PDP, que la justificó por las voces en contra del mapa autonómico, especialmente desde León. Para el entonces ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra-Salcedo, con la aprobación del Estatuto de Castilla y León se perfilaba definitivamente la España de las Autonomías.

Una vez remitido al Senado, donde entró el 31 de enero de 1983, y después de aprobadas las enmiendas que hacían referencia a cuestiones de estilo y redacción, el texto regresó al Congreso, donde el 22 de febrero de 1983 se le dio el visto bueno con 199 votos a favor, 6 en contra y 98 abstenciones. El Estatuto castellano y leonés fue el último en ser aprobado y el último también en entrar en vigor, pues la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, apareció publicada en el BOE el 2 de marzo de 1983, un día después de los de Madrid y Baleares. Todo un síntoma del enrevesado proceso autonómico que había comenzado en octubre de 1977.

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