La Junta aprueba 16,5 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en la región

La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. /ICAL
La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. / ICAL

Será necesaria la contratación de 19 cuadrillas, integradas por siete miembros, durante la época de peligro alto, y cinco fuera de ella, que también colaborarán en posibles incendios

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El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 16,5 millones de euros para el mantenimiento de caminos forestales, mejoras ganaderas que favorezcan el uso de los montes y tratamientos selvícolas de mejora de masas arboladas que contribuyan a la prevención de incendios forestales en toda la comunidad. Las actuaciones, que están recogidas en 19 contratos, incluyen tratamientos selvícolas; la mejora del tránsito por las pistas forestales, caminos rurales y vías de acceso; la realización de tratamientos de mejora de la cubierta vegetal protectora; la poda alta selectiva; y cerramientos.

Todo ello requerirá la contratación de 19 cuadrillas, una por contrato, integradas por siete miembros durante la época de peligro alto, y cinco fuera de ella, que también colaborarán en las labores de extinción de los incendios que pudieran producirse. Los trabajos contratados, cuyos plazos de ejecución oscilan entre los 18 y los 40 meses, se ubican en todas las provincias, salvo Palencia y Ávila, según informa Ical.

En el caso de Burgos, se actuará en las comarcas de Miranda de Ebro, Quintanar de la Sierra, Medina de Pomar, Oña, Aranda de Duero y Lerma, con un presupuesto consignado de 3,3 millones de euros; en el caso de León se intervendrá en la comarca de Astorga y en la zona de Cebanizo, con una inversión de 1,9 millones; en Salamanca, en la comarca de La Alberca y El Rebollar, con una inversión de 2,5 millones; en Segovia en Navafría y otras zonas, con un presupuesto de 926.854 euros; en Soria, en Matamala de Almazán, las comarcas de Navaleno y Soria, San Leonardo-Urbión-Soria-centro, con un presupuesto de 2,6 millones; en Valladolid en la comarca de Tierra de Campos, y la comarca de Valladolid, con una inversión de 811.392 euros; y en el caso de Zamora, en las comarcas de Tábara, Villardeciervos, Aliste, Puebla de Sanabria y Villardeciervos, con un presupuesto de 4,1 millones.

La Junta crea la figura del agricultor colaborador

Por otra parte, la Junta crea la figura del agricultor colaborador, como conocedor del entorno, pone en marcha medidas preventivas mínimas y obligatorias e introduce un régimen sancionador que puede ir desde el apercibimiento hasta multas de 300 a tres millones de euros para controlar y evitar la plaga de topillos en las explotaciones agrarias de la comunidad, cuya aparición tiene un carácter cíclico.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, informó hoy al Consejo de Gobierno de la propuesta de orden, elaborada por su departamento, que establece un programa de actuaciones a largo plazo, no accciones temporales, a través de una Estrategia de Gestión Integrada de Riesgos derivados de la presencia del topillo campesino para evitar el repunte de poblaciones de este roedor en los campos de la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también portavoz del Ejecutivo explicó que se quiere evitar, dado que los expertos indican que la superpoblación de los topillos es cíclica, que aparezca en las zonas que siempre surgen y que después se pueda extender, de ahí la estrategia con una serie de medidas participadas con los implicados y preventivas.

Marcos destacó, en particular, la creación de la figura del agricultor colaborador que de manera voluntaria, como conocedor del terreno, emite avisos y alerta de prácticas con el objetivo de minimizar, detectar y prevenir este problema para las explotaciones agrarias. Además, subrayó que esta estrategia parte de una compatibilidad entre las necesidades productivas del sector y el respeto al entorno ambiental.

Respecto del régimen sancionador, subrayó que se trata de aplicar lo que se recoge ya en la ley de sanidad vegetal de 2002 en función de que la infracción sea leve, grave o muy grave, con multas de entre los 300 a los tres millones de euros, cuando una inacción pueda provocar una plaza. «No quiere decir que se vaya a sancionar, los agricultores son los primeros que quieren minimizar el impacto», matizó al dar prioridad a la prevención.

En la estrategia, se recoge un nivel de riesgo graduado en colores: verde, amarillo, naranja y rojo en función del estado de las poblaciones detectadas, de los cultivos y del entorno, y las medidas que es preciso llevar a cabo en cada nivel de riesgo. Se concretan también actuaciones como la monitorización y vigilancia del estado de situación y evolución de las poblaciones de topillo campesino y la realización de buenas prácticas fitosanitarias mínimas y obligatorias ante el riesgo de eventos de explosión demográfica.

Las prácticas fitosanitarias mínimas se aplicarán en zonas de más riesgo de superpoblación de topillos, como las comarcas agrarias de Pisuerga, en la provincia de Burgos, Esla-Campos y Sahagún (León), Campos (Palencia), Tierra de Campos (Valladolid) y Campos-Pan (Zamora) sin perjuicio de que puedan ampliarse a propuesta de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados.

Otros acuerdos

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una partida de 1,9 millones de euros para la adquisición de suministros quirúrgicos, como válvulas aórticas y pulmonares, para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante dos años.

También se ha autorizado la firma del convenio entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y tres comunidades de regantes para invertir 9.960.000 euros en modernización energética de los regadíos. De estas obras, que permitirán la reducción de 5.200 toneladas de emisiones contaminantes y el ahorro de 350.000 euros, se van a beneficiar 3.690 regantes que trabajan en una superficie de 11.122 hectáreas.

En concreto, según informó la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz, Milagros Marcos, los convenios se van a formalizar con las comunidades de regantes del Canal de Pisuerga, Soto de Cerrato y Canal de La Maya lo que permitirá mejorar la modernización energética de sus regadíos introduciendo el uso de energías alternativas.