La Fiscalía pide imputar al BBVA en el 'caso Villarejo' por cohecho y corrupción

El expresidente de BBVA, Francisco González. / R. C.

Anticorrupción considera que los contratos de espionaje afectaron «a varias áreas sensibles del banco» presidido entonces por Francisco González y que constituyeron una «reiterada injerencia» en los derechos fundamentales de los afectados

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El caso judicial del supuesto espionaje encargado por BBVA, durante la presidencia de Francisco González, a una empresa vinculada al excomisario José Manuel Villarejo ha dado un paso más con la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la entidad financiera sea investigada como persona jurídica en el marco de la 'Operación Tándem'. El Ministerio Público achaca al banco hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

La petición de imputación contra BBVA llega después de que la Fiscalía haya analizado detalladamente toda la documentación incautada en noviembre del año pasado procedente de los contratos de la empresa de seguridad Cenyt -cuya titularidad era del propio Villarejo- así como por los documentos aportados por el propio BBVA en el marco de esta investigación. El Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que, con todo ese material en sus manos, se acreditaría la contratación y los pagos «supuestamente ilícitos» a la compañía de seguridad por parte del banco, en una operación que, además «afectó a varias áreas sensibles» de la entidad así como a «diversos ejecutivos» durante un «prolongado periodo» que habría comenzado en 2004 durante más de una década.

En aquel año, el expresidente de BBVA, Francisco González, habría encargado toda una serie de seguimientos físicos y telemáticos contra empresarios, políticos y periodistas, fundamentalmente para evitar el desembarco de otros grandes accionistas en el banco, como habría sido la constructora Sacyr, cuyo presidente era entonces Luis del Rivero. Sin embargo, las escuchas habría proseguido, una vez sofocado aquel incendio, con otros fines similares para mantenerse en el poder y evitar malograr su imagen corporativa.

Anticorrupción sostiene que esas contratación habrían perseguido realizar «múltiples servicios de inteligencia» así como de «investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», en lo que considera que habría implicado una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas» espiadas mediante «seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones» e incluso a su «documentación bancaria», lo que implicaría delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Además, el escrito del fiscal considera que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno de Cenyt» por la facilitación de todas esas contrataciones.

Por ahora, Francisco González no se encuentra imputado en el 'caso Tándem', que mantiene abierto el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audirencia Nacional, cuyo titular, Manuel García Castellón, mantiene el secreto de sumario.

Esa es precisamente una de las razones por las que BBVA mantiene absoluto silencio en torno a este caso. Fuentes financieras consideran que esta petición de imputación se encuentra dentro de la «normalidad» y anticipan que lo habitual sería que el juez la admitiera. En cualquier caso, aclaran que es el magistrado el que tendrá que decidir las acciones a tomar y que el hecho de que sea BBVA como entidad jurídica la investigada no implicaría que esa imputación se trasladase directamente a los consejeros que formaron parte del grupo durante los años de los supuestos espionajes.

Por ahora, en BBVA insisten en que estos hechos no están afectando al negocio bancario. Sus acciones ceden un 0,7% a estas horas, aunque acumulan una subida del 7% en lo que va de año.