El Gobierno desclasifica documentos reservados para aclarar el robo de papeles de Bárcenas

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá./EP
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. / EP

Levanta el velo a la ley de secretos oficiales para que el juez del 'caso Villarejo' investigue la 'operación Kitchen'

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El Consejo de Ministros acordó este viernes desclasificar los documentos reclamados por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, instructor del 'caso Tándem', la causa que investiga las actividades parapoliciales del excomisario preso José Manuel Villarejo. El objetivo es acceder a la información de gastos secretos en el Ministerio del Interior para aclarar la 'operación Kitchen', un plan policial secreto ejecutado en 2013, durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, para intervenir documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la 'caja B' y que podrían involucrar a altos cargos populares.

El anuncio fue realizado este viernes por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo recibió la solicitud por parte del Consejo General del Poder Judicial para que se procediera al levantamiento de documentación reservada y se siga investigando esta pieza separada en el Juzgado Central de Instrucción número seis.

La desclasificación de este material será sólo para conocimiento de la Fiscalía y de De Egea, el juez que envió e a prisiónpreventiva hace un año a Villarejo, a quien se señala como urdidor del plan en la que se captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. El juez pretende levantar el velo para que cualquier individuo que tenga información sobre 'Kitchen', sea investigado o testigo, pueda exponerla en sede judicial.

En el plan habría estado implicado no solo Villarejo, sino también su socio, el comisario Enrique García Castaño, investigado en 'Tándem'. Ambos habrían convertido en confidente al chófer de Bárcenas a cambio de una mensualidad de 2.000 euros con cargo a fondos reservados.

No sería la primera vez que un Gobierno desclasifica documentación secreta a instancias de un juez. Sucedió con los informes del CNI sobre los atentados de 2004 o el atestado del siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán en 2005, en el que murieron 17 militares.

En todo caso, la actual diligencia se desvincula de las peticiones elevadas por el comisario García Castaño, cuyo abogado, el exjuez de la Audiencia Baltasar Garzón, viene solicitando al instructor que curse petición al Consejo de Ministros para declarar sobre secretos oficiales. Sin embargo, el juez no ha pedido permiso para él, que podría solicitarlo individualmente al Gobierno, sino que solicita que se desclasifique todo el operativo que afectaría a la anterior cúpula policial, liderada por el comisario Eugenio Pino, procesado por el 'pen drive' introducido de forma presuntamente ilícita en la causa de la familia Pujol.

 

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