La familia Franco amenaza con acudir a la justicia europea

La cerrazón de los nietos del jefe del Estado entre 1939 y 1975 aboca al Gobierno a legislar para blindar la exhumación, primero, y evitar que la familia deposite los restos a la Almudena después. Esto último es algo que el Ejecutivo no va a permitir de ningún modo, como repite la vicepresidenta Carmen Calvo. Y es que llevar al dictador a la catedral madrileña podría suponer que se levante en el mismo centro de Madrid un centro de enaltecimiento del franquismo.

Aún cuando el Gobierno reforme la Ley de la Memoria Histórica para asegurar el cumplimiento de estos dos puntos, se mantendrá abierta la posibilidad de un varapalo del tribunal de Estrasburgo. No sería la primera ocasión en que la justicia interviene en un asunto de este tipo. Un juzgado de Pamplona ordenó el pasado verano volver a enterrar al general golpista José Sanjurjo en el monumento a los caídos de la capital navarra, de donde habían sido exhumado por decisión del gobierno municipal.

La alcaldesa de Madrid se ha sumado este viernes a las voces que claman por evitar el entierro en la catedral. Para Manuela Carmena, que había reservado su opinión hasta ahora, Franco no puede estar en ningún lugar en el que pueda ser objeto de exaltación. La principal apuesta del Gobierno y de Unidos Podemos es que el dictador sea llevado al cementerio de Mingorrubio, cercano a El Pardo y donde está enterrada su esposa Carmen Polo.

En las últimas horas se ha sabido que la familia tiene en propiedad otro nicho heredado de los Polo en la Basílica San Juan el Real de Oviedo. Ferrol, localidad natal de Franco, es otro lugar que se ha barajado si bien el consistorio de esta ciudad gallega ha avanzado su oposición. Pero los nietos lo tienen claro: o el Valle de los Caídos o la Almudena. Y de ahí no tienen intención de moverse.

La polémica en torno al destino de los restos del dictador se prolonga desde el mes de junio, cuando Pedro Sánchez anunció que se llevaría a cabo la exhumación antes de las vacaciones. Pero la oposición de la familia ha obligado al Gobierno a cambiar de planes y redoblar sus esfuerzos para cumplir con unlo compromiso que, sin coste económico, sería muy bien aceptado entre el electorado de izquierda.

Mientras el Ejecutivo sigue dando pasos administrativos, las visitas al Valle de los Caídos se han disparado. El mausoleo contabilizó el pasado octubre 41.866 visitantes, lo que supone un aumento del 142,7 % respecto al número de personas que acudieron al monumento en el mismo periodo de 2017. En lo que respecta al acumulado anual, hasta noviembre el Valle de los Caídos ha recibido 308.639 personas. A final de octubre de 2017 la cifra acumulada era de 244.296.

     Además, desde el verano se han convertido en habituales los atascos para acceder al recinto, ubicado en la sierra madrileña. El precio de la entrada es de nueve euros. A más visitas mayor recaudación para Patrimonio Nacional. La polémica en torno a Franco está suponiendo así un negocio inesperado.