La Fiscalía del Supremo se opone a tramitar el suplicatorio a los presos electos del 'procés'

Oriol Junqueras. /Afp
Oriol Junqueras. / Afp

Justifica que este supuesto no está previsto cuando el juicio ya ha comenzado y rechaza también la excarcelación de Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sànchez

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido un escrito a la Sala que juzga el 'procés' en el que rechaza la excarcelación de los cinco acusados electos en los pasados comicios del 28 de abril. En un informe de nueve páginas, los fiscales Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal han pedido al tribunal que se oponga a la pretensión de las defensas de los dirigentes de ERC y PDeCAT, ya no solo en la puesta en libertad de los acusados para que puedan ejercer en plenitud sus derechos políticos, sino también la tramitación del suplicatorio dada su nueva condición.

El suplicatorio es un trámite formal que afecta a los aforados investigados y que debe autorizar el Congreso o el Senado para poner a los parlamentarios en manos de la justicia. Esta disposición fue reclamada en sus escritos por las defensas de los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, y de los convergentes Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, con el único objetivo de aplazar el juicio del 'procés' y abonar el terreno de las nulidades en un futuro horizonte procesal.

Como ya adelantó ayer este medio, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ni la Constitución Española ni el reglamento del Senado amparan la tramitación del suplicatorio a los nuevos aforados con el juicio ya comenzado. Es cierto que no lo dice de forma clara, pero se entiende que esta figura solo se puede aplicar en la fase de instrucción de los procedimientos penales. «Se trata de un privilegio del diputado o del senador de turno y, como tal, hay que entenderlo en sentido restrictivo, no extensivo», señalaron fuentes jurídicas.

Respecto a la petición de libertad, la Fiscalía cree que la situación de los acusados presos no vulnera sus derechos políticos y que persiste el riesgo de fuga, más si cabe con el juicio ya comenzado. «Una circunstancia que podría ocasionar daños irreparables a la vista oral en caso de fuga de los acusados», señala el Ministerio Público.