El Gobierno pide al TC que aperciba a la Generalitat en vísperas de la sentencia del 'procés'

Si en las impugnaciones presentadas la semana pasada se solicitó al máximo garante de la Carta Magna que apercibiera al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general y al resto de miembros de la Mesa de las responsabilidades penales en las que incurrirían en caso de dar desarrollo a alguna de las cuestiones ya suspendidas previamente por la corte de garantías –cosa que el tribunal hizo este mismo jueves–, en esta ocasión, el Gobierno solicita que ese mismo requerimiento se haga al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a todo su Ejecutivo.

En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez entiende que en la resolución impugnada, y publicada en el Boletín Oficial del Parlament el viernes pasado, se apela a las instituciones a «ignorar las normas» y se hace caso omiso a dos sentencias previas, una de 2015 y otra de 2018. En la primera, el Constitucional anuló la declaración independentista en la que la Cámara autonómica fijó, hace ya cuatro años, el camino para la ruptura con el resto de España. En la segunda, se declaró inconstitucional una moción en la que el órgano legislativo catalán se ratificaba en los «objetivos políticos» de aquella resolución anulada.

Lo que finalmente no recurre el Gobierno, a pesar de haber anunciado su intención de hacerlo, es el apartado del último texto del Parlament en el que se insta a la retirada de los efectivos de la Guardia Civil del territorio catalán. Calvo argumentó ayer que no se ha encontrado «fundamento jurídico para hacerlo», pero calificó la exigencia de las fuerzas secesionistas de «inaceptable», «inasumible», e incluso «verdaderamente aberrante».

Tampoco se impugna, por motivos semejantes, según fuentes del Ministerio de Política Territorial, la parte de la resolución que planteaba impulsar un «acuerdo nacional» por la amnistía de los líderes independentistas que puedan resultar condenados en el auto del Tribunal Supremo previsto para este mismo lunes. No se trata, explican, de una norma con consecuencias jurídicas.

Lo importante, a juicio del Gobierno, es que ahora tanto el Parlament como la Generalitat se sientan constreñidos por el aviso a navegantes del Tribunal Constitucional.