El juez reúne a representantes de 14 comunidades para coordinar el macrofraude de 'iDental'

Concentración de afectados de iDental en Madrid el pasado julio./EFE
Concentración de afectados de iDental en Madrid el pasado julio. / EFE

De la Mata quiere marcar la directrices de custodia de los historiales de «varias decenas de miles» de afectados

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Audiencia Nacional celebra este jueves una reunión inédita relacionada con una causa en fase de instrucción. El juez José de la Mata ha convocado a representantes del Ministerio de Justicia y de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas con pacientes afectados por el fraude de las clínicas 'iDental'. Es decir, 14 menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

 El objetivo es coordinar la gestión de este macroproceso, que cuenta con «varias decenas de miles» de perjudicados. Solo hasta la fecha ya se han abierto 200 piezas separadas que corresponden a diligencias incoadas en juzgados de distintas provincias. No obstante, se estima que se superarán las mil piezas.

 La reunión se celebra este jueves a las 10.30 horas y asistirá la Fiscalía y los representantes de Justicia, departamento que ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina para apoyar la gestión de esta macrocausa y una aplicación informática específica.

Historiales clínicos

El juez quiere marcar las directrices de la custodia y tramitación de los historiales clínicos de los perjudicados y solicitar a las consejerías competentes la recopilación y el envío de determinados conjuntos documentales relacionados con esta causa.

El magistrado acordó asumir esta investigación el pasado 26 de julio por «el volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» repartidos por toda España y de una compleja estructura societaria y de financiación. Un día más tarde, coordinó una operación policial con registros en 17 clínicas en ocho comunidades autónomas, así como la sede de la sociedad de inversión que adquirió este grupo empresarial para incautar información societaria e historiales clínicos de pacientes.

Estas clínicas 'low cost' se dedicaba a prestar servicios odontológicos si bien ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y los tratamientos no eran finalizados».

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