Entrevista a José Ramón Noreña

Fiscal jefe antidroga: «El narcotráfico es un campo sin vallar, me conformo con niveles asumibles por la sociedad»

José Ramón Noreña. /R. C.
José Ramón Noreña. / R. C.

«Las redes de marihuana son de difícil exploración, logran beneficios a corto plazo y la actividad tiene poco riesgo punitivo», afirma el máximo responsable de la Fiscalía especializada

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Desde el diáfano despacho de José Ramón Noreña (Melilla, 1952), ubicado en la Audiencia Nacional, se coordina la actividad de las delegaciones de la Fiscalía Antidroga. Entre las preocupaciones del jefe de este departamento desde hace 13 años se encuentran, además de las tradicionales, la proliferación de plantaciones de marihuana y la expansión de los clubes cannábicos. En 2018 se intervinieron 37 toneladas frente a las 16 de 2015 y hubo 6.290 detenidos. Un crecimiento cuantitativo que ha convertido a España en uno de los principales productores de Europa.

¿A qué se debe este incremento?

El negocio está totalmente implantado y sofisticado. Antes las grandes plantaciones estaban al aire libre, un poco camufladas, pero ahora se usan naves, chalets o invernaderos. Se le conoce como plantaciones 'indoor' y están controladas por tramas organizadas. El negocio ha aflorado tras las denuncias de compañías energéticas por los enganches ilegales del fluido eléctrico o el excesivo consumo de luz.

¿España es un país productor?

No excluyo que en otros países se cultive para consumo interno, pero aquí es para exportar. Se han potenciado plantas con más principio activo (THC). Cuando trabajaba en Sevilla en los años ochenta el hachís de menudeo tenía un 5% y ahora me llegan cifras de marihuana con un 20% de THC (la medicinal tiene un 0,2%).

¿Cómo son estas tramas?

Es una criminalidad de difícil exploración, que ha evolucionado muy rápido. El negocio es redondo. Se crea una infraestructura que genera tres cosechas al año y solo con la primera amortizan la inversión. Después las redes (el pasado año chinos y filipinos fueron las nacionalidades extranjeras con mayor número de detenidos) buscan compradores del norte de Europa. La actividad supone un beneficio a corto plazo y tiene poco riesgo punitivo (por ejemplo, un juzgado de Vitoria condenó en 2018 a un hombre a tres años de prisión, 77.000 euros de multa y a indemnizar a una eléctrica con 9.500 euros por cultivar 400 plantas en una nave).

Entonces, ¿existe un terreno abonado para el delincuente?

Se aprovecha de la libre circulación de mercancías en la UE. Suelen utilizar camiones para su transporte, como ocurre con el hachís. El hecho de que se esté cultivando en todas las provincias demuestra que es un problema de ámbito nacional.

Denoto cierto pesimismo...

La lucha contra el narcotráfico es un campo sin vallar. Soy bastante escéptico, sí. Hace varios años que me replanteé a dónde vamos y concluí que no se puede terminar con ello. Me conformo con que los niveles de tráfico y consumo sean asumibles por la sociedad, como los robos u homicidios. Por ejemplo, en Barcelona existe ahora un problema de delincuencia porque la inseguridad ya no es asumible socialmente.

Limbo jurídico

Uno de sus caballos de batalla son los clubes cannábicos.

Es otra arista. Antes eran colectivos de fumadores que estaban en Cataluña o País Vasco, pero hoy coexisten un millar en todo el país. Los administradores se aprovechan de la facilidad burocrática para constituir varias asociaciones 'sin ánimo de lucro' -algo rebatible porque cobran cuotas a sus socios y venden marihuana-, pero solo ponen una en marcha. El resto permanecen a la espera.

El Supremo resolvió hace poco el limbo jurídico de estos clubes.

Fue una estrategia de toda la Fiscalía Antidroga. Teníamos el problema de que yendo al tipo básico del delito (contra la salud pública) íbamos a los juzgados de lo penal y en los recursos ante las audiencias provinciales se generaba una jurisprudencia contradictoria. O condenaban a penas menores o absolvían por el llamado consumo compartido. El plan era partir de tipos más elevados como organización criminal y conseguir que el Supremo confirmara. Aunque en este caso se apreció un error de prohibición (los acusados no sabían que la actividad fuera ilícita), que fue estimado por el Tribunal Constitucional.

¿Qué consecuencias efectivas tuvo en otras causas?

Defendimos que no puede haber error y pedimos la disolución de la asociación. Pero esta multiplicación de licencias hace muy difícil abordar esta lucha porque faltan medios policiales y una estrategia judicial uniforme. A esto se suman los narcopisos, que requieren también una orden para entrar. Aquí funciona la denuncia ciudadada. Seguiremos mientras no se legalice la marihuana.

¿Está el Gobierno por la labor?

La Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Azucena Martí) me ha dicho que no. Siempre digo lo mismo: o se legaliza por todos y de la misma manera o el tráfico seguirá. La droga no sería más barata porque habría impuestos como con el tabaco y el alcohol, se estigmatizaría al cliente, generaría diferentes regulaciones según la actividad profesional y el contrabando se desplazaría al país vecino. Además, los ingresos vía impuestos se gastarían de sobra en tratamientos médicos.

«El punto de inflexión en el Campo de Gibraltar fue sacar de un hospital a un traficante detenido»

La lucha contra el narcotráfico en la Campo de Gibraltar es una prioridad. El plan del Gobierno para recuperar la comarca con una inversión de 900 millones «no va a dar soluciones a corto plazo, es imposible», vaticina Noreña. Más que el fenómeno del cannabis, los productos estrella son el hachís en La Línea y la Bahía de Algeciras y la cocaína en el puerto marítimo, «donde prima la ley del silencio», avisa.

El Plan SIVE de vigilancia y el refuerzo policial han trasladado el tráfico a Málaga y Huelva, «extendiéndose por lo tanto la criminalidad». «¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ha habido un abandono secular del Estado. Paro, depresión económica, fallida reindustrialización, fracaso escolar... Ante esto, ¿quién no da el paso para ganar 1.000 euros por sentarse en un petril de la playa y dar un silbido para favorecer el paso de la droga? Dinero fácil y cero riesgos», relata Noreña. «Los narcos se han sentido muy valientes hasta que llegó un punto de inflexión en febrero de 2018: el asalto a un hospital de La Línea para liberar a un importante traficante detenido», desvela.

Una de las razones del aumento de la violencia es la «guerra entre organizaciones» por el impacto territorial del SIVE. En otros lugares de la provincia de Cádiz, como Barbate, «también influyó» un asunto de gran impacto económico en su día: los acuerdos pesqueros con Marruecos, que abrieron la puerta en masa al tráfico de hachís. «Hay colaboración con los vecinos, pero no tanto como nos gustaría», admite.

Sobre la sensación que le genera la implicación de agentes en estas tramas, afirma que es una «lógica del sistema». «Si con un silbido ganas 1.000 euros, ¿cuánto cobrará un agente por dar una matrícula o desviar su vigilancia de un punto concreto? Me alivia que Asuntos Internos funciona bien».

Noreña explica el modelo colombiano para cambiar estos hábitos. «Los policías solo pueden estar destinados seis meses en los puertos, registran a diario y se cambian las parejas de forma regular».