La vicepresidenta rechaza que haya sido desautorizada por el Vaticano con Franco

La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo/EP
La vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo / EP

Podemos e Izquierda Unida instan al Gobierno a saltarse la autoridad de la Iglesia si permite enterrar al dictador en la catedral de la Almudena

Ander Azpiroz
ANDER AZPIROZMadrid

Carmen Calvo no se siente «en absoluto» desautorizada por la diplomacia del Vaticano, pese a que en una acción inusual la Santa Sede desmintiese de forma categórica que, en contra de lo que aseguró la vicepresidenta, se haya alcanzado un acuerdo para que Francisco Franco sea sepultado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una vez se consume su exhumación de la basílica del Valle de los Caídos.

La número dos del Gobierno insiste en que durante su conversación con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, trató el destino de los restos del dictador. «Le dije que teníamos que ponernos de acuerdo para encontrar una vía decorosa y más discreta y privada y él me dijo: 'Ciertamente, este asunto nos aboca a que podamos trabajar de una forma adecuada'», señaló en la cadena Ser. Pero de ser así, sus palabras debieron ser malinterpretadas por el número dos del papa Francisco porque en el comunicado que difundió el Vaticano se señaló que «en ningún momento» hubo un pronunciamiento sobre el lugar donde debe ser enterrado el dictador. Poco después, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, confirmó que no se ha producido ningún contacto con el Ejecutivo e insistió en que se debe alcanzar un pacto con la familia. Pero los descendientes de Franco lo han dejado claro: o en el Valle de los Caídos o en la Almudena.

Calvo, que ha asumido la gestión de la exhumación, recibió ayer el respaldo de varios de sus compañeros en el Consejo de Ministros. Uno de los que se pronunció fue Josep Borrell. El ministro de Asuntos Exteriores limitó la contundente reacción de la Santa Sede al diálogo que se está llevando a cabo entre el Gobierno, las autoridades eclesiásticas y la familia del dictador.

Presiones y críticas

Al margen del PSOE, la vicepresidenta no encontró mayores apoyos. Pablo Iglesias instó al Gobierno a actuar aún cuando el Vaticano o el Arzobispado de Madrid no impidan la inhumación en la catedral madrileña. «Si no se llega a un acuerdo con la Iglesia, porque la Iglesia no tiene problema en tener en la Almudena los restos del dictador, habrá que hacer lo que sea necesario para que eso no se pueda consentir», defendió el secretario general de Podemos. Su compañero de bancada Alberto Garzón abogó por legislar para que ni las autoridades eclesiásticas ni los descendientes del dictador puedan interferir en el traslado de los restos.

Otros, como el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, usaron la ironía para criticar el desplante de la Santa Sede a la vicepresidenta. «Es raro que un gobierno de un gran país no sepa que la diplomacia vaticana es una cosa muy sutil» y, cuando se trata con ella, «ni se puede afirmar 'me han dicho tal' ni se puede afirmar lo contrario generalmente», señaló el portavoz parlamentario de los liberales.

Las críticas al Gobierno le llegan así desde todos los lados por una exhumación que Pedro Sánchez anunció que se llevaría a cabo antes de las vacaciones de verano pero que se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo ante la oposición de la familia.

El Gobierno encontró consuelo en la opinión del obispo de Girona, Francesc Pardo, que se desmarcó de la línea oficial de la Iglesia y afirmó en la cadena Ser que los restos de Franco no pueden estar enterrados en un templo, «especialmente si la población ha sufrido las consecuencias del dictador». Aún así, el obispo reconoce que sus descendientes «tiene cierto derecho» a llevar los restos a la catedral de Almudena porque la familia compró una tumba en la catedral de Madrid.

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