Hasta que no se levanten las barreras... En Burgos, no son pocos los que esperarán al 1 de diciembre para creerse que la AP-1 Burgos-Armiñón deja a un lado su condición de autopista de peaje para convertirse en una autovía, libre y gratuita. Y no es para menos, la mítica AP-1 ha duplicado su esperanza de vida, encadenando cuatro prórrogas que han permitido ampliar la concesión desde 1994, fecha en la que expiraba el contrato original, hasta el 30 de noviembre de 2018.
Entre medias, cuarenta y cuatro años de historia, convivida con la N-1, la única vía alternativa a los peajes y en cuya calzada han perdido la vida más de 250 personas en las últimas dos décadas. La provincia lleva años esperando la liberalización de la autopista y, por fin, a medianoche del próximo 1 de diciembre se levantarán las barreras y se podrá circular libremente por una vía que, sin embargo, todavía tiene que afrontar importantes reformas para adaptarse a su nueva condición de autovía.
Por la AP-1 circulan diariamente una media de 19.000 vehículos, según los últimos datos de 2017. De ellos, el 20% son vehículos pesados, unos 3.800, una cifra que llama poderosamente la atención. Y es que la N-1 soporta un tráfico diario de en torno a los 10.000 vehículos, y cerca de la mitad son camiones, una circunstancia que unida al hecho de ser 'nacional' (un carril por sentido) la ha convertido en un punto negro para el tráfico de la provincia burgalesa.
Con cuatro basta
El proyecto para la construcción de la AP-1, en sus orígenes Burgos-Cantábrico autopista del Norte, arrancó en 1974. El Gobierno adjudicaba entonces a Eurovías el contrato para la construcción, conservación y explotación de la autopista entre Burgos y Málzaga, con finalización de la concesión en 1994. Sin embargo, la primera prórroga no tardó en llegar, por un retraso en la entrada de la explotación, y en 1979 se amplió el contrato hasta 1999, justo un año después de abrirse el primer tramo entre Rubena y Briviesca.
En 1982 se revisaron las condiciones del contrato, las tarifas y las fechas, con una nueva prórroga hasta 2003 y la suspensión de los dos tramos previstos en el País Vasco. Tramos que acabaron segregándose en 1994, cuando la AP-1 se quedó reducida al tramo burgalés Burgos-Armiñón, esos 84,3 kilómetros que han marcado el devenir de la provincia durante las últimas décadas.
En ese momento, 1994, el contrato afrontaba su tercera prórroga, ampliándose hasta 2017. La última llegaría en 2005, ya con Europistas como concesionaria (tras una fusión de empresas), y después de que esta propusiese al Gobierno un semienlace en Ameyugo, con ramales de conexión con la N-1, convirtiendo la AP-1 en una circunvalación de Miranda de Ebro (gratuita) y ampliándola con un tercer carril. La mejora vino de la mano de la cuarta prórroga, que finaliza el 30 de noviembre de 2018.
Incertidumbre hasta el último momento
Aun así, la incertidumbre ha marcado los últimos años de la AP-1 en Burgos. Cumplida la cuarta prórroga solo cabían dos escenarios posibles, una nueva concesión o la liberalización. Y la decisión final no se ha conocido hasta el pasado junio, con la llegada al Gobierno del PSOE y el anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que la autopista quedaría libre de peaje.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Íñigo de la Serna al frente de Fomento, había mantenido hasta entonces las dudas, sin aclarar cuál era la intención real del Gobierno. El único compromiso, incumplido, se ponía sobre la mesa en noviembre de 2017, cuando de la mano de la Junta de Castilla y León se comprometían a desviar los camiones de la N-I, tras uno de los accidentes más tráficos vividos en la nacional, la muerte de cinco miembros de una misma familia en Pancorbo. Sin embargo, el desvío planifado y diseñado nunca se ha llegado a poner en marcha.
Y así se llegará a diciembre, con una autopista convertida en autovía gratuita (al menos de momento), aunque sin haberse realizado las inversiones necesarias para su adaptación (nuevos accesos, adecentamiento, eliminación de playas de peaje) y sin contar con un nuevo contrato de mantenimiento y conservación. Todo ello se ha valorado, para el periodo 2019-2021, en 27 millones de euros.
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